La importancia de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue destacada por algunos de los senadores que apoyaron la medida, aunque los propios legisladores expresaron ideas opuestas sobre el alcance de esa decisión legislativa.
Mientras la senadora del Frente Grande Vilma Ibarra calificó de "histórica" la sesión, para la senadora justicialista Liliana Negre de Alonso se trató de "un símbolo para empezar a transitar la reconciliación de los argentinos", pero remarcó que en definitiva la nulidad de esas leyes "la tendrá que declarar el Poder Judicial".
Ibarra advirtió que hay sectores que "van a intentar judicializar" esta decisión, pero remarcó que eso "no le quita valor práctico" al hecho de que el Congreso "se haya hecho cargo de un pasado que sigue siendo presente".
"Esas leyes no fueron sólo inconstitucionales, sino contrarias al derecho de gentes; son una aberración jurídica, ética y moral", remarcó Ibarra, quien destacó que la declaración de nulidad "fue posible gracias a una fuerte voluntad del presidente" Néstor Kirchner.
A todo esto, la senadora justicialista Cristina Fernández de Kirchner aseguró que, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, "se está haciendo un acto de reparación y construcción institucional y moral de la Argentina", y sostuvo que "de una vez por todas se debe castigar a que aquellos que violan derechos humanos".
En el recinto, mientras se debatía la nulidad de ambas normas, la primera dama indicó: "vengo a votar la nulidad de las leyes con absoluto convencimiento", y agregó que "no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad abajo de la alfombra".
En medio de expresiones de júbilo de dirigentes de organizaciones de derechos humanos que se instalaron en los balcones del Senado, Fernández de Kirchner dijo que "de una vez por todas en la Argentina se debe castigar a aquellos que violan derechos" humanos.
La legisladora justicialista y esposa del presidente Néstor Kirchner, una de las espadas del Gobierno en la Cámara alta, aclaró: "si yo hubiera tenido un hijo desaparecido, no estaría tan segura de estar aquí, tan tranquila hablando del derecho y de la Constitución como se habló hoy" en el Senado.
Por su parte, la senadora Negre de Alonso admitió que sus colegas del bloque del PJ "se fueron convenciendo de esta votación, tal vez no compartiendo la totalidad del planteo, pero entendiendo que era una medida necesaria para el esclarecimiento y la pacificación". Al respecto, señaló que el cambio de las posturas contrarias de los senadores del PJ bonaerense, Mabel Muller y Antonio Cafiero, obedeció a una decisión del ex presidente Eduardo Duhalde, quien "los llamó y les pidió que acompañaran al Presidente".
A todo esto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, reconoció que el Alto Tribunal será quien resuelva en definitiva sobre la validez de las leyes de perdón. "Fatalmente tiene que llegar a la Corte", enfatizó Fayt, al ser consultado sobre la anulación de dichas leyes.
Fayt consideró que en última instancia, será la Corte Suprema la que decida si las dos leyes son o no constitucionales, y aseguró que sobre ese punto, el alto Tribunal "va a hacer lo que corresponda hacer".
En declaraciones formuladas a los periodistas que lo esperaban al salir de su domicilio, el magistrado se negó a opinar sobre la decisión del Senado, al advertir: "si yo abro juicio, prejuzgo y me hacen un juicio político nuevamente".
"Ninguna opinión se hace ahora, se juzgará en su momento", explicó el presidente de la Corte, quien dijo de todos modos que no le teme al juicio político porque, según señaló, "esa es la manera que nosotros tenemos de rendir cuentas".
