La Cámara de Diputados comenzará analizar esta semana, en comisión, el proyecto por el cual el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar integralmente los contratos de las empresas de servicios públicos, con plazo hasta diciembre del año próximo.
La iniciativa fue aprobada durante la madrugada del jueves pasado por el Senado con los votos afirmativos del oficialismo y de algunos representantes de partidos minoritarios, que se impusieron a la negativa del radicalismo. Sin embargo, fuentes cercanas a la conducción del bloque justicialista en Diputados advirtieron que la sanción del proyecto en esa Cámara será más dificultosa, debido a que el radicalismo y el menemismo suman un porcentaje mayor de representantes que en el Senado.
Por lo pronto, las fuentes especulan con que el proyecto demorará dos o tres semanas más en llegar al recinto, debido a que las comisiones encargadas de estudiar el tema piensan invitar a los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Julio De Vido, para que expliquen pormenorizadamente el proyecto. Además, varios diputados de la oposición pedirán la presencia en el Congreso de representantes de las empresas privatizadas y de asociaciones de defensa del consumidor.
El proyecto aprobado por el Senado cuenta entre sus puntos más destacados la extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, que en principio debe caducar el 10 de diciembre de este año.
El Congreso, por su parte, deberá expedirse por sí o por no acerca de la conveniencia de la renegociación de cada contrato que realice el Ejecutivo, para lo cual tendrá un plazo de 60 días.
El proyecto estipula también que los nuevos contratos negociados por el Poder Ejecutivo entren en vigencia automáticamente, en caso de que el Congreso no se pronuncie en un plazo de 90 días.
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Jorge Pardal (PJ), defendió la iniciativa al afirmar que "hoy nuestro país necesita entrar en un tiempo normal, necesita una ampliación del plazo para renegociar los contratos" y que "es necesario contar con esta herramienta"
"Lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo es darle valor legal e institucional a los contratos con las empresas privatizadas: lo que pide es lógico y viable, porque la reconstrucción de esos contratos lleva a la previsibilidad de la inversión", agregó.
En nombre de los opositores al proyecto, la voz cantante la llevó el radical Raúl Baglini quien señaló que "según se dice, con este proyecto el Poder Ejecutivo pretende reestructurar los contratos de servicios públicos para defender a los consumidores, sin embargo" -acotó- "es la primera vez que no recibo notas de las empresas -de servicios públicos- quejándose por esto, sólo recibí dudas por parte de asociaciones de consumidores".
