Ambas iniciativas se aprobaron sin modificaciones según lo había propuesto el proyecto de Poder Ejecutivo, y ahora deberán ser convertidas en ley por la Cámara baja, lo que representaría una fuerte señal hacia el FMI, que vienen reclamando la compensación para los bancos.

Asimismo la Cámara baja dio media sanción a la ley de Procedimiento Tributario, cuyos objetivos propician una serie de modificaciones tendientes a perfeccionar y adecuar procedimientos y mecanismos.

Estas medidas se suman a la aprobación de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de entidades financieras convertidas en ley la semana pasada por la Cámara de Diputados, que forman parte del compromiso del Gobierno con el FMI para llegar a un acuerdo de mediano plazo.

Sobre compensación bancaria y CVS, la media sanción fue dada por 86 votos a favor, 63 negativos y 10 abstenciones, en tanto que los legisladores radicales se opusieron a votar por la afirmativa porque no se hizo lugar a su pedido de que el CVS se derogara a partir del 31 de diciembre y no del 1 de abril de 2004 como lo estableció el oficialismo.

En el punto compensación y derogación del CVS se establece que éste dejará de aplicarse a partir del 1 de abril de 2004 y se faculta al Poder Ejecutivo a emitir bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013 por un monto de hasta 2.800 millones de pesos para compensar a las entidades financieras de "manera total, única y definitiva".

El radicalismo mantuvo su posición de que el CVS se suprimiera a partir del 31 de diciembre y que no se incluyera en la variación de índices a aquellos que no tuvieron aumento de salarios. Recordó además que en la sesión del miércoles pasado, la bancada de la UCR había cuestionado las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de entidades financieras, pero que votó afirmativamente por "apoyo político" a leyes que necesita el Gobierno nacional.

El debate comenzó con la presencia de apenas 40 diputados, pero como se trataba de la continuación del cuarto intermedio establecido en la sesión del miércoles pasado, se pudo iniciar el tratamiento de las leyes hasta que se llegó al quórum necesario para votar. También expresaron su negativa el socialismo, a través del diputado Héctor Polino, quien pidió compensar a las entidades mutualistas y el ARI, que mediante la diputada Marcela Rodríguez manifestó que "se sigue descargando la crisis sobre los que la padecen y se beneficia a los culpables de esa crisis".

A su vez, la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, fundamentó su rechazo porque "son nuevas instrucciones del FMI", mientras que Alicia Castro, del Frente para el Cambio, sostuvo que "siguen gobernando los sectores financieros". Paralelamente se dio media sanción a la asociación ilícita en delitos tributarios y previsionales. La figura que se prevé incorporar permite que las investigaciones se dirijan no sólo a los contribuyentes que evadan impuestos, sino también a las organizaciones delictivas que facilitan la operatoria, permitiendo desbaratarlas y desalentando la comisión de esta modalidad.

En ese sentido, se establece que será reprimido "con pena de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión a quien forme parte de una asociación compuesta por 3 o más personas, y colabore de manera necesaria con la ejecución de alguno de los delitos previstos en la presente ley. Respecto a los jefes u organizadores la pena será de cinco años de prisión". En cuanto al procedimiento tributario, que continuaba esta noche en debate, propicia una serie de modificaciones tendientes a perfeccionar y adecuar procedimientos y mecanismos vigentes en la ley 11.683 y adaptarlos a la realidad actual.

Entre los 14 artículos del proyecto, se precisa "la responsabilidad solidaria respecto de los representantes de las Uniones Transitorias de Empresas y los agrupamientos empresarios", y se permite "el relevamiento satelital para obtener información necesaria para eficientizar el control y por ende la recaudación impositiva en los volúmenes de producción de productos primarios".

Se "aumenta el control y se establecen sanciones para evitar el actual uso generalizado de facturas apócrifas, graduando las sanciones y limitando el poder discrecional del fisco en el tema". Además, "se establece el requisito de presentación del certificado de cumplimiento fiscal respecto de los mutuos hipotecarios cuando el acreedor sea una persona física o jurídica, no entidad financiera, para promover las ejecuciones hipotecarias".

Se introducen "modificaciones en las escalas de multas sancionatorias del incumplimiento de deberes formales, adecuando los montos a los valores actuales e incrementando los mismos respecto de conductas maliciosas o de ocultamiento, pero contemplando también las escalas menores acorde al tamaño del contribuyente".

En otro orden, también se dio media sanción a la aplicación del código de Etica Pública al Banco Central.