El Senado tratará hoy el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica la ley de Patentes y permitirá ratificar el último acuerdo alcanzado en esta materia entre la Argentina y los Estados Unidos, en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
Además, el cuerpo tiene previsto convertir en ley la iniciativa que elimina el IVA para las producciones de películas y programas para televisión abierta y por cable que se hayan realizado antes del 1 de enero de 1999.
El primer tema de la sesión, citada para las 15, será la modificación de aspectos centrales de la Ley 24.481 (de patentes), alterada parcialmente por la 24.572. Las modificaciones se refieren a aspectos relacionados con la propiedad intelectual en materia de derechos exclusivos de comercialización, licencias obligatorias, restricción a las importaciones y extensión de la protección del procedimiento al producto.
También están referidas a la inversión de la carga de la prueba, medidas cautelares, patentamiento de microorganismos, patentes transitorias y protección de datos de pruebas contra un uso comercial ilegal.
En los fundamentos del texto enviado por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, se aclara que esta iniciativa "incorpora mayor certeza al régimen jurídico argentino en términos de patentes y, en particular, del alcance de los derechos exclusivos".
Sobre la inversión de la carga de la prueba precisa que "cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el procedimiento que utilizará para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado".
La iniciativa, acordada con la OMC, ingresó el 22 de octubre del año pasado a la Cámara alta y fue analizada por los senadores que integran las comisiones de Legislación General, Industria y Relaciones Exteriores.
Además, se aprobará una iniciativa enviada por la Cámara de Diputados, que exime del pago de IVA previo a 1999 a las producciones de películas y grabaciones. Las productoras independientes mantienen un conflicto con la AFIP, que les reclama desde 1995 a 1999 el pago de este impuesto por considerarlas empresas de servicios y no canales de televisión.
Si se aprueba esta iniciativa las productoras quedarán eliminadas del pago y se anularán las causas judiciales en trámite.