La Comisión recepcionó una sola adhesión a favor de la postulación de Zaffaroni y un pedido de la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) para que se libren oficios a la AFIP, a la Oficina Anticorrupción y a la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires para que informen todas las declaraciones juradas del abogado.

La Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá este jueves para analizar esos cuestionamientos, y resolver cuáles serán tratados en la audiencia pública prevista para los primeros días de octubre. La reunión es el paso siguiente al plazo habilitado para la presentación de observaciones por escrito, habilitado por el Senado a partir de la publicación de los edictos en los matutinos hace diez días.

El plazo venció a las 15 de ayer, y la mayoría de las impugnaciones se recibieron en las últimas horas por parte de particulares. De las 40, sólo siete pertenecen a agrupaciones, y el resto son de particulares, mientras que del total, cuatro ya fueron rechazadas por falencias formales en el modo de presentación.

Entre las entidades que presentaron impugnaciones se encuentran la Asociación de Abogados Penalistas, la Asociación Antidroga, la Corporación de Abogados Católicos, la Comisión Centenario de Villa Pueyrredón y la Fundación Bicentenario. También lo hicieron, como particulares, la senadora Liliana Negre de Alonso y el diputado Guillermo Cantini (Acción por la República-Buenos Aires).

La senadora justicialista también reclama en su escrito explicaciones al postulado por el gobierno sobre el origen del dinero que le posibilitó comprar una casa en el 2002, valuada en 300 mil pesos.

Fuentes de la comisión que preside el justicialista Jorge Busti adelantaron que "al menos cinco impugnaciones ya fueron rechazadas por no cumplir los requisitos formales al momento de la presentación".

En la mayor parte de las objeciones se le critica al jurista fallos que dictó cuando se desempeñaba como juez criminal y correccional y critican su concepción filosófica del derecho penal, la que tildan de "garantista". También hay una denuncia por su actuación al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) que presentó un ciudadano chileno que objeta al abogado porque "desestimó una denuncia por tortura presentada, sin que halla recabado ninguna información".

Otra impugnación esta referido a la actuación de Zaffaroni cuando era juez durante el gobierno militar e indica que el jurista "fue poco diligente" cuando rechazo un "Habeas Corpus" presentado por Cesar Olmos, cuando en 1977 su hija Ines fue detenida y luego desaparecida por la policía.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le critica a Zaffaroni que "pretenda que el derecho penal como castigo a aquellos que delinquen, deba ser abolido", mientras que la Corporación de Abogados Católicos pone en duda su "parcialidad" al momento de emitir sus fallos.

Se habla en otra de las presentaciones de "fundadas sospechas sobre su independencia política" y de su "poca dedicación cuando cumplía la función de juez".

Jorge Busti aclaró que "los senadores de la comisión no prejuzgan y basan su criterio en la lectura de las impugnaciones presentadas, haciendo lugar a aquellas que cumplan con los requisitos formales de presentación y aporten una fundamentación y prueba adecuada". Pese a esto es casi un hecho que en la reunión del jueves los senadores decidirían descartar la totalidad de las impugnaciones y avanzarán en la organización de la audiencia pública en la que se aprobaría el pliego, prevista, en principio, para el lunes 6 de octubre.

Luego de la reunión de la comisión, Zaffaroni será notificado de las objeciones que han sido aceptadas y tendrá tiempo hasta el 2 de octubre para responder a ellas.

Por último, entre el lunes 6 y el jueves 9 se realizará la audiencia pública con la habilitación de 200 lugares para quienes quieran participar de la misma.