Campos explicó las ventajas del proyecto ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta al afirmar que "se avanzará contra maniobras de elusión que han sido probadas a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

Aunque la iniciativa es resistida por las instituciones del agro, en la comisión habría consenso para emitir un dictamen favorable, según indicaron fuentes del oficialismo. La norma modifica la base sobre la que se cobra el Impuesto a las Ganancias y solo alcanza a los exportadores que utilicen empresas "fantasmas" y triangulan sus operaciones en el exterior con paraísos fiscales.

"La detección de maniobras de elusión está suficientemente probada por la AFIP", afirmó Campos, aunque explicó que "esta modificación no alcanza a todo el universo de las cerealeras, solo a las que utilizan empresas fantasmas".

En la actualidad, los exportadores pagan el tributo sobre el precio que pactan cuando se realiza la venta al exterior y no sobre el precio al momento del embarque de la mercadería, como propone la norma enviada por el Poder Ejecutivo. El presidente de la comisión, el justicialista Carlos Verna (La Pampa) adelantó que convocará a "expertos en política tributaria" para conocer su opinión como paso previo a emitir dictamen.

Con esta modificación, el gobierno de Néstor Kirchner busca evitar que las empresas exportadoras efectúen "subfacturación" al momento de pagar el Impuesto a las Ganancias y perjudiquen al fisco con la presunta ayuda de paraísos fiscales y empresas "fantasmas".

El titular de la bancada radical, Carlos Maestro (Chubut), adelantó que "la UCR va a acompañar" la iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara baja, porque según dijo "el bloque tiene una preocupación en combatir las prácticas de elusión fiscal".

El titular de la AFIP, Alberto Abad, había denunciado ante los senadores de la Comisión que "las exportadoras de cereales líderes sólo pagaron, sobre una facturación declarada de 22.478 Millones de pesos, el 0,08 por ciento del Impuesto a las Ganancias".

En la reunión realizada ayer, los senadores también debieron escuchar las quejas del sector petrolero que se opone a la modificación elaborada por la AFIP. "No hace falta modificar la ley, ya que la AFIP puede controlar este tipo de elusión", destacaron representantes de la Cámara de Industria del Petróleo y la Cámara de Empresas Petroleras.

Paralelamente, los senadores se comprometieron a impulsar el proyecto de ley que restituye el INASE, un ente de control considerado clave por las entidades agropecuarias para regular la comercialización de semillas. La iniciativa viene siendo impulsada por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, quien visitó a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El 40 por ciento de las semillas de trigo y soja que se siembran en la Argentina es "ilegal", lo cual desalienta a las empresas que apuestan e invierten en investigación de adelantos en biotecnología, y genera altos niveles de evasión, según viene denunciando la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales.

En la Argentina se utilizan unas 20 millones de bolsas de soja anuales para sembrar unos 13 millones de hectáreas: de ese total, sólo el 15 por ciento está fiscalizado, según datos de los propios productores.