El Poder Ejecutivo enviará hoy al Congreso un proyecto destinado a refinanciar las deudas de los morosos hipotecarios, cuyos potenciales remates están frenados por un acuerdo alcanzado con los bancos que vence hoy.
El proyecto de ley contempla rescatar las deudas de hasta 80.000 pesos destinadas a viviendas únicas y familiares de uso permanente, no pagar los intereses y punitorios caídos, al tiempo que se revisará la historia de los deudores para no favorecer a quienes sean morosos consuetudinarios.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó que "se están estudiando varios aspectos", como los metros cuadrados de las casas a ejecutar, como "para no terminar cubriendo viviendas lujosas". La posición del Ejecutivo contrasta con la que ya marcó el año pasado el Congreso cuando pesificó los créditos hipotecarios, que en un comienzo iban a llegar hasta los 75.000 dólares y luego los extendió hasta 250.000 dólares.
La propuesta central consiste en crear un fideicomiso con financiamiento estatal, que irá pagando los créditos hasta que los deudores puedan recomponer su situación -se les da un plazo de un año- y comiencen a pagar las cuotas al propio Estado.
Fuentes oficiales confirmaron que el proyecto fue enviado a la Presidencia de la Nación para una última revisión, y será enviado este jueves al Congreso. La iniciativa incluye tanto a las entidades financieras como a los que no lo son, en general escribanías, y el sistema que se cree por este proyecto será de carácter "optativo" y únicamente podrá elegirlo el acreedor, que tendrá la ventaja de comenzar a recuperar su deuda.
El proyecto incluye la creación de un "fideicomiso, que será el órgano encargado de asumir la deuda por intereses y punitorios entre ambas fechas".
Los deudores tendrán un año de gracia para volver a pagar las cuotas, que serán refinanciadas, según un valor que surgirá de una ecuación que tendrá en cuenta el ingreso familiar, el saldo del préstamo y el actual valor del inmueble. No se definió aún oficialmente con qué fondos se formará el fondo fiduciario y se estima que se lo haría en el momento en que el Ejecutivo reglamente la ley.
El Gobierno había implementado un registro oficial de deudores a través del Banco Nación, en el cual se inscribieron un total de 13 mil personas por un monto total de 550 millones de pesos. Por lo que el Estado le vaya pagando al acreedor se operará una "subrogación legal", que es un mecanismo que existe en el Código Civil desde hace más de 130 años, por el cual se asume la posición de acreedor hipotecario en la medida de las cuotas que vayan pagando.
De esta manera, los únicos pagos que son verdaderamente cancelatorios de la hipoteca son los que le haga el deudor al Estado.
Respecto de los préstamos contraídos con anterioridad a la ley de convertibilidad con el ex Banco Hipotecario, el proyecto prevé la creación de una "Unidad de Reestructuración" para analizar y expedirse sobre esos préstamos.