El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica la base imponible para calcular el cobro del Impuesto a las Ganancias para las exportaciones agrícolas, impulsado por el Poder Ejecutivo y resistido por las instituciones rurales.
La norma modifica seis artículos de la ley de Impuesto a las Ganancias y sólo alcanza a las operaciones de comercio exterior que utilicen empresas "fantasmas" y triangulan sus operaciones en el exterior con paraísos fiscales.
El texto, que desde hace un mes tiene sanción de la Cámara de Diputados, fue analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, ante la cual abogaron a favor de la iniciativa el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad.
También expusieron, pero en contra de la medida, los dirigentes de las entidades agropecuarias y de las cámaras de acopiadores, agentes de las bolsas de cereales y exportadores de granos del país que integran la llamada Cadena Agroalimentaria Nacional.
La propuesta fue apoyada por la mayoría de los senadores justicialistas y radicales mientras que algunos legisladores peronistas, como Oscar Lamberto (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Elva Paz (Formosa) y Nora Bermejo (Córdoba) se abstuvieron al momento de la votación.
La ley procura evitar las maniobras de evasión y subfacturación de exportaciones que practican las empresas con sus filiales ubicadas en "paraísos fiscales" del exterior o simplemente en terceros países con las cuales acuerdan ventas por debajo de los precios reales de plaza. El truco -según la iniciativa oficial- se completa cuando el intermediario vende el producto a sus verdaderos compradores al valor real.
La nueva ley determina que las empresas calcularán el impuesto a las ganancias sobre el valor de la mercadería al momento del embarque en lugar de hacerlo al momento de concertar la compra de los granos en el mercado interno, como hasta ahora. Quedarán exentos de esta exigencia las compañías cuya filial o "vinculada" demuestre fehacientemente tener domicilio real en su país de residencia, exhiba un aceptable estado contable y sus activos sean acordes con los volúmenes de las operaciones.
Durante el debate previo a la votación el senador peronista Jorge Capitanich defendió la propuesta argumentando que "la República Argentina tiene una situación fiscal precaria" y debe "atacar a las maniobras que promuevan la evasión y elusión fiscal".
El presidente de la bancada radical, Carlos Maestro (Chubut) dijo que la modificación de la política impositiva "es una de las mayores responsabilidades del Parlamento argentino" y una de las más difíciles "porque toca importantes intereses".
"Tenemos que confiar en el buen tino del Poder Ejecutivo Nacional; y le tenemos que dar la posibilidad de que aplique esta herramienta. Modificarla, para que vuelva a Diputados, daría lugar a que aumenten las presiones de los sectores que están en contra", afirmó.
Los exportadores agrícolas denunciaron que el proyecto es una "retención extra" a la que ya paga el sector y adelantaron que cualquier costo que implique la modificación de la carga tributaria será trasladado a los productores.
En este sentido, el titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Campos, advirtió que "tomará cartas en el asunto si los exportadores trasladan los costos a los productores" en una reunión con los senadores.
Para justificar la modificación, el titular de la AFIP, Alberto Abad, denunció que "las exportadoras líderes de cereales sólo pagaron, sobre una facturación declarada de 22.478 millones de pesos, el 0,08 por ciento en concepto de Impuesto a las Ganancias".
Los integrantes de la cadena agroalimentaria reclamarán al presidente Néstor Kirchner el veto parcial de la medida. "Vamos a pedir al presidente (Kirchner) que vete parcialmente la ley para trabajar conjuntamente en la elaboración de una alternativa sobre la base de la racionalidad y no de los prejuicios", dijo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas.
El dirigente anticipó que hoy se reunirá la cadena agroalimentaria, integrada por dirigentes de la producción acopiadores, corredores y agentes de las bolsas de cereales, industriales y exportadores de granos de todo el país para analizar la situación. "Nuestra responsabilidad como dirigentes es apelar al Presidente de la Nación y solicitar que nos atienda para encontrar una solución consensuada", indicó Cabanellas.
Los exportadores indicaron que la incertidumbre provocada por la nueva ley impondrá la aplicación de un "seguro de caución" en las compras de los granos que disminuirá el valor que perciben los productores, sin embargo el titular de CRA negó la posibilidad de que haya enfrentamiento entre los sectores.
