La Cámara de Diputados convirtió en ley la prórroga del plazo para que el gobierno nacional lleve adelante las renegociaciones con las empresas concesionarias de los servicios públicos que ya tenía media sanción del Senado, y que podría derivar en un aumento de tarifas.
El proyecto de ley fue aprobado sin modificaciones tras un arduo debate que se extendió por más de seis horas en el recinto de la Cámara baja con 87 votos afirmativos, 65 negativos y tres abstenciones.
La iniciativa dispone en sus puntos centrales la extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos, dispuesto en el artículo 9 de la ley 25.561. Las decisiones que adopte el Ejecutivo en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos.
Las facultades de los entes reguladores en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, podrán ejercerse en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo.
Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencia, contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios.
El Poder Ejecutivo remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Congreso y corresponderá a éste expedirse dentro del plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo.
Las disposiciones de la presente ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.
El debate comenzó con objeciones reglamentarias por parte de los socialistas Héctor Polino y Jorge Rivas, que presentaron dictamen de minoría, y con la defensa del proyecto ejercida por el diputado justicialista Diego Santini, quien sostuvo que este proyecto recuperaba el rol del Estado en el control de la calidad de los servicios.
En tanto, el radical Leopoldo Moreau argumentó que la UCR defendía su proyecto con dictamen de minoría porque en el presentado por el oficialismo se omitían los marcos regulatorios. "Parece que hay una fiebre de renegociación, como hubo una fiebre privatizadora" en los años '90 dijo Moreau, y agregó que "acepto el argumento de que no habrá aumentos de tarifas, entonces no estamos acuciados", por aprobar el proyecto del Gobierno.
El radicalismo presentó su propio proyecto donde dispone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2004 la facultad del Gobierno para renegociar los contratos "dentro de lo establecido en el marco regulatorio general de servicios públicos".
"A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los contratos celebrados por la administración pública, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio", de acuerdo al proyecto de la UCR.
A su vez, el bloque de diputados del ARI había adelantado en conferencia de prensa su voto negativo al proyecto del Gobierno.
"Es un grave error la aprobación que se dispone a dar la Cámara al proyecto del Gobierno, porque detrás de la lógica intención de renegociar los contratos se esconde la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo", dijo el legislador Fernando Melillo y agregó que "se viene un proceso de aumento de tarifas". Por su parte, la diputada Elisa Carrió sostuvo que "antes era Roberto Dromi y ahora es Julio De Vido, se busca darle facultades totales al Gobierno". A su vez, la diputada Elsa Quiroz señaló que "la pretensión de sumarle atribuciones el Gobierno en relación a este tema es una vuelta al pasado".
El diputado frepasista Darío Alessandro defendió el proyecto del Ejecutivo y dijo que "de ninguna forma es inconstitucional el proyecto del Gobierno e inaugura por primera vez la posibilidad de rediscutir el proceso privatizador iniciado en los años '90" y argumentó que en este proceso "hay que fortalecer al Gobierno y no debilitarlo frente a las empresas".
