Con el impulso del mayoritario bloque justicialista, el Senado suspendió por 40 votos afirmativos contra 18 negativos al ministro de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O'Connor hasta tanto se termine de sustanciar el juicio político que le sigue el Congreso por supuesto mal desempeño de sus funciones.
La votación se realizó tras escuchar durante dos horas la ampliación de la defensa por parte del acusado y luego de un debate de más de cinco horas sobre la conveniencia o no de avanzar con la suspensión. La decisión fue adoptada por el bloque justicialista, que aportó la mayor cantidad de votos (con excepción de Angel Pardo, Luis Barrionuevo, Sonia Escudero y Eduardo Menem).
La UCR había adelantado que se opondría a la medida impulsada por el bloque mayoritario por considerarla "inconstitucional" y carente de "razonabilidad jurídica y política". El titular del bloque radical, Carlos Maestro, advirtió que "el artículo 59 de la Constitución Nacional no faculta a la Cámara alta en avanzar en la suspensión" de los jueces de la Corte y que no hay una "doctrina nacional" que habilite la suspensión.
La decisión de la bancada oficialista de suspender a Moliné estuvo acompañada por los legisladores Gerardo Morales (FCS-Jujuy), Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires), Rodolfo Terragno (UCR-Capital) y Vilma Ibarra (Frepaso-Capital). En tanto, a la negativa radical se sumaron los senadores que responden al líder de Recrear, Ricardo López Murphy, el salteño Ricardo Gómez Diez y Pablo Walter (Tucumán).
En el recinto, la senadora justicialista Liliana Negre de Alonso defendió la postura del oficialismo y luego de repasar las suspensiones que aprobó el Senado durante su historia afirmó que "la doctrina parlamentaria ha dicho que en estas ocasiones el acusado debe ser suspendido".
Negre de Alonso sostuvo que el reglamento de juicio político de Cámara alta "de ninguna forma se contradice con la Constitución Nacional" como denunció la defensa de Moliné y los senadores de la UCR.
Moliné se presentó en el recinto para ampliar verbalmente su defensa y dijo sentirse "discriminado", ya que otros ministros de la Corte firmaron las mismas sentencias por las que se lo acusa y sin embargo no se les solicitó su juicio político.
"Estoy aquí de causalidad, por los mismos argumentos podrían estar todos, no hay una coma de diferencia en los casos Magariños, Macri y Meller con algunos de mis pares, esto es una discriminación" denunció.
El magistrado se defendió ante el pleno de la Cámara por más de una hora y también centró su discurso en la imposibilidad de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias.
Al comienzo de la reunión, el acusado pidió sentarse de frente a los senadores para "verle la cara a quienes serán jueces en el caso"; aunque el pedido le fue denegado con el argumento reglamentario de que "debe dirigirse a la presidencia". Pese a esto, intercambió el lugar con uno de sus abogados defensores y se sentó en una de los extremos de la mesa, desde donde podía mirar a la cara a la mayoría del bloque peronista.
El acusado ministro de la Corte afirmó durante su defensa ante el Senado que la Constitución solo habilita a ese cuerpo "para remover o suspender a los jueces", por lo que consideró que "se está vulnerando el principio de inamovilidad" y se manifestó "discriminado" por la ejecución del juicio político en su contra. "Pedí la ampliación de la defensa para poder estar cara a cara con mis jueces; para manifestarles lo que siento ante las acusaciones padecidas, porque resulta que miro los diarios y aparezco como el peor", agregó.
Moliné O'Connor se mostró sorprendido porque "de las 170 mil sentencias firmadas en diez años" sólo fue "cuestionado por dos o tres". También se quejó por la celeridad del proceso en el Parlamento: "esta acusación pasa, más que como el viento, como los huracanes de los Estados Unidos. Como lo van a resolver si algunos -senadores- no tienen el expediente".
"Con toda la doctrina, la jurisprudencia y las opiniones de peso que hay a mi favor; que siga el juicio político y que llegue hasta acá me preocupa, debía haberse caído porque no había evidencia palmaria", lamentó.
"Me da miedo, hay una destrucción de las instituciones. Si nos seguimos autodestruyendo, si las instituciones se atacan las unas a las otras, nunca vamos a salir de esto", añadió.
A continuación llamó a la reflexión de los senadores: "pido igualdad ante la ley, he firmado las sentencias con cinco, seis o siete miembros de la Corte y me encuentro en el Senado ante el trance de ser suspendido. Sin embargo a estos magistrados ni se los ha molestado. Para mis colegas nada, si esto no es discriminación, yo no se de que se trata".
"Dejar la Corte no me afecta en nada, yo tengo la conciencia tranquila", fue otra de las frases que dejo el acusado ante el Senado, antes de afirmar que "si estuviera en el lugar de los senadores y tuviera que firmar esta sentencia antes me cortaría la mano". Por último, lanzó una acusación contra la intromisión del poder político en la justicia: "los jueces ahora miran a Plaza de Mayo, para ver que dice el presidente o los ministros, antes de emitir un fallo".
"Si estuviera en el lugar de los senadores y tuviera que firmar esta sentencia, antes me cortaría la mano", remarcó.
Otro de los asuntos tratado en la sesión fue la recusación planteada por la defensa contra el senador peronista José Luis Gioja, quien, según un matutino, habría dicho a su pares que a Moliné O'Connor había que suspenderlo por su actuación en las causas del denominado corralito financiero.
El electo gobernador de San Juan aclaró que no hizo declaraciones en ese sentido y que no piensa lo que trascendió; lo que sirvió para evacuar las dudas de sus pares que archivaron este pedido, el quinto que sigue este camino tras los presentados contra los también peronistas Jorge Yoma -dos-, Miguel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner.
Antes de discutir la oportunidad de suspender a Moliné O'Connor se votaron otras cuestiones estrictamente formales como dar por presentados a los letrados y fijar el domicilio de la defensa, dar por presentado el escrito del acusado y dar por formulada la ampliación oral. También se rechazaron una serie de impugnaciones y pedidos de nulidad efectuadas oportunamente en relación a los procedimientos del juicio político.
Entre ellos la de prorrogar el tiempo para presentar la defensa, la de permitirle leer el escrito de la defensa (de 360 fojas) en el recinto, la de unificar el nuevo juicio político presentado en la Cámara de Diputados con el que se encuentra en curso y la de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Otras abarcaron el cuestionamiento a opiniones de miembros del Senado, la consideración de plazos irrisorios y los vicios en la formación de la Comisión de Juicio Político.
Sobre la imposibilidad de que el Senado pueda avanzar en la suspensión preventiva del magistrado, fue la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, quien expuso la mayor cantidad de argumentos para descartarlo. "La inamovilidad de los jueces no es un privilegio, esta planteada como garantía para el derecho de los judiciables", señaló la esposa del presidente de la Nación en respuesta a uno de los argumentos expuestos por la defensa del ministro de la Corte.
A continuación agregó que "un juez que dice que esta autodestruido, embarrado con alquitrán, con miedo o discriminado no puede ejercer su libre albedrío en su función".
"Me permito dudar que pueda ejercerlo, por eso el reglamento es sabio al estipular la suspensión. El reglamento rige a un cuerpo soberano como el Congreso, que se lo dicta según se lo atribuye la Constitución Nacional", explicó ante el cuestionamiento a este texto utilizado por la defensa.
En la continuidad del proceso, el Senado deberá reunirse -en sesión pública o secreta- para evaluar si corresponde o no la apertura a prueba pedida por la defensa, que puede ser rechazada con el voto de los dos tercios de los presentes en caso de que las fueren "manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias".
