La sesión especial convocada para discutir un proyecto de ley sobre la intervención del Poder Judicial de Santiago del Estero fracasó por la ausencia del bloque justicialista, que decidió canalizar el debate a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
"El PJ no va tomar ninguna decisión hasta que los informes presentados por los secretarios de Justicia no pasen por la Comisión", señalaron fuentes del bloque oficialista.
De esta manera quedó en claro que hasta que ese procedimiento administrativo no se materialice, el justicialismo no promoverá ni acompañará ninguna medida para analizar la situación santiagueña.
La oposición pretendía tratar el proyecto del diputado arista Atilio Tazzioli que impulsa la intervención a la justicia santiagueña. Por su parte, el bloque del PJ decidió no bajar al recinto, en tanto que fuentes del sector señalaron que "seguimos esperando una señal clara del Poder Ejecutivo" sobre la decisión de intervenir o no el Poder Judicial santiagueño.
Con 66 diputados presentes, la sesión se limitó a una expresión de los diputados opositores sobre la situación de los derechos humanos en la provincia. La diputada del ARI, Marcela Bordenave se refirió extensamente al informe que presentaron ayer los secretarios de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y de Justicia, Pablo Lanusse en la comisión respectiva sobre la situación en la provincia, donde remarcaron que allí existe un clima de "impunidad" y violación de las garantías individuales.
En ese sentido, el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, preguntó si ese informe llevaba la firma de los funcionarios a lo que Bordenave respondió en forma negativa.
Mientras tanto, se conoció el informe del Ministerio de Justicia sobre la situación en Santiago del Estero, cuyo Poder Judicial -a juicio del Gobierno Nacional- es "el principal sostén de la situación de impunidad" en la provincia, según evaluó el Ministerio de Justicia en el informe que presentó ante los diputados de la comisión de Derechos Humanos, y consideró que "de acuerdo a la opinión generalizada debería propiciarse su intervención".
Las 56 páginas del informe trazan una descripción, con algunos ejemplos, sobre la situación política, social y judicial en Santiago del Estero, y realiza media docena de recomendaciones, que contienen fuertes definiciones:
- "El principal sostén de la situación de impunidad en Santiago del Estero es el Poder Judicial. El otro, sin duda, es la policía que es su auxiliar e instructor".
- "El accionar conjunto de estas instituciones explica el grueso de los hechos y las denuncias que recoge este informe".
- "Para romper dicha situación y restaurar el pleno estado de derecho en la provincia hay que abordar estas dos instituciones".
- "El `remedio federal`, debería poner su objetivo en reestablecer una administración de justicia, independiente, objetiva e imparcial, y producir las necesarias depuraciones en los mandos de la fuerza policial".
- "Para ello y de acuerdo a la opinión generalizada, precedentemente expuesta, debería propiciarse ante el Congreso Nacional la intervención del Poder Judicial de la Provincia colocando al conjunto del mismo en comisión y con capacidad para remover aquellos magistrados que fuere necesario y designar en igual carácter sus reemplazantes dentro de los abogados ejercientes en el ámbito provincial".
- "De adoptarse tal temperamento, debería facultarse a dicho interventor a organizar la Policía Judicial, contando para ello con la Policía Federal y la Gendarmería Nacional".