El justicialismo intentará convertir la próxima semana en ley el proyecto de salvataje para los deudores hipotecarios, y dar sanción definitiva en el Senado a las normas sobre la compensación bancaria y el paquete antievasión que ya fueron aprobados en Diputados.
El oficialismo decidió dar así un fuerte impulso a la sanción de un conjunto de leyes económicas claves para su administración, como la serie de modificaciones tributarias que forman el paquete antievasión, una herramienta que el Ministerio de Economía considera "vital" para mejorar la recaudación.
La iniciativa que compensa a los bancos ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía, que preside el justicialista Oscar Lamberto, y es fuertemente reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta norma, que tiene media sanción de Diputados, deroga también el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a partir del primero de abril de 2004, como índice de actualización para prestamos.
Asimismo, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos (Boden 2013) para compensar a los bancos hasta 2.800 millones pesos, por la diferencia en la aplicación del CVS y el CER sobre los depósitos a plazo fijo reprogramados.
El CVS fue creado en octubre de 2002 por el Congreso para evitar que los créditos hipotecarios para vivienda única y familiar, los prendarios de hasta 30 mil pesos y los personales de hasta 12 mil pesos fueran indexados con la inflación.
Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa es "un subsidio a deudores por ser los beneficiarios finales de los créditos en dólares" que se pesificaron uno a uno, y no a las entidades financieras. Así lo manifestó el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, en una visita que realizó al Congreso para respaldar el proyecto.
Por su parte, el cuerpo tratará, además, el proyecto que elaboró el Gobierno y que permitirá resolver la situación de miles de deudores hipotecarios con créditos en mora por hasta 100 mil pesos.
La iniciativa incluye los créditos para vivienda única, familiar y permanente, y brinda un período de gracia de un año a quienes contrajeron esos compromisos entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de setiembre de 2003. El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación Nacional y Economía e Inversión que tienen previsto reunirse este martes para emitir un dictamen que posibilitará tratar la norma "sobre tablas" al día siguiente.
La ley busca amparar a la mayor cantidad de casos, por lo que incluye también a las deudas no bancarias, como las contraídas con escribanías.
La iniciativa de ser aprobada por el Congreso creará un fondo fiduciario (con dinero del Fondo de reconstrucción de empresas y alrededor de 600 millones de pesos que aportará el Estado) para ir saldando las deudas hasta que los deudores puedan volver a pagar.
