Los diputados y senadores justicialistas buscarán convertir hoy en ley el proyecto oficial para evitar los remates contra los deudores hipotecarios morosos que dejaron de pagar sus créditos a raíz de la crisis de la Convertibilidad.
Así lo anunciaron el presidente del bloque oficialista de diputados, José María Díaz Bancalari, y su par del Senado, Miguel Angel Pichetto, quienes precisaron que su intención es aprobar el proyecto en las primeras horas de la tarde en la Cámara alta, y convertirlo en ley en Diputados hoy mismo, o a más tardar este jueves.
Las comisiones de Legislación General y de Economía acordaron postergar hasta hoy la firma del dictamen del proyecto de salvataje para los deudores hipotecarios, a raíz de las críticas que suscitó el texto por parte de algunas entidades representantes de los morosos. Los senadores oficialistas tenían pensado firmar ayer el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al término de la reunión plenaria que se realizó ayer. Sin embargo, las críticas al proyecto de algunos senadores radicales y de entidades representantes de los deudores hipotecarios, motivaron una postergación en el análisis del tema hasta hoy a las 11.
En un momento la reunión estuvo a punto de fracasar, como consecuencia de una serie de cuestionamientos verbales de los deudores a algunos senadores.
Finalemente, la reunión recuperó el tono inicial, aunque para entonces varios senadores del PJ ya no estaban tan convencidos sobre la oportunidad de aprobar el texto como había sido enviado por el Poder Ejecutivo.
En caso de que el oficialismo parlamentario no logre reunir hoy las 16 firmas necesarias, el tema no sería incluido en la sesión -prevista para las 15.30- debido a la negativa del radicalismo a aprobar temas sin dictamen previo.
Independientemente de lo que suceda con este proyecto, el Senado aprobará hoy otras dos iniciativas enviadas por la Cámara de Diputados: la que compensa a los bancos por la pesificación asimétrica y la que modificará el procedimiento tributario, un proyecto incluido dentro del denominado paquete antievasión.
A la reunión de ayer asistieron Fedecámaras, Deudores Autoconvocados, Mujeres Agrarias, la agrupación Deudores del Banco hipotecario y el titular de ABA, Mario Vicens. Vicens respaldó el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, aunque pidió que la deuda que pasará a tomar el Estado "no se pague con bonos".
Por su parte, los deudores hipotecarios cuestionaron la ley, en medio de un clima de tensión que por momentos hizo peligrar la continuidad de la reunión.
La iniciativa contempla las deudas por hasta 100 mil pesos por créditos para vivienda única, familiar y permanente, y brinda un período de gracia de un año a quienes contrajeron esos compromisos entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003.
La norma busca amparar a la mayor cantidad de casos, por lo que incluye también a las deudas no bancarias, como las contraídas con escribanías.
El proyecto, de ser aprobada por el Congreso, creará un fondo fiduciario (con dinero del Fondo de reconstrucción de empresas y alrededor de 600 millones de pesos que aportara el Estado) para ir saldando las deudas hasta que los deudores puedan volver a pagar.
Por su parte, la ley que compensa a los bancos será tratada en la sesión convocada para hoy a las 16 horas y ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía que preside el justicialista Oscar Lamberto. La norma deroga también el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a partir del primero de abril de 2004, como índice de actualización para préstamos.
Asimismo, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos (Boden 2013) para compensar a los bancos hasta 2.800 millones de pesos, por la diferencia en la aplicación del CVS y el CER sobre los depósitos a plazo fijo reprogramados.
El CVS fue creado en octubre de 2002 por el Congreso para evitar que los créditos hipotecarios para vivienda única y familiar, los prendarios de hasta 30 mil pesos y los personales de hasta 12 mil pesos fueran indexados con la inflación.
Por último, la Cámara alta discutirá el proyecto que modifica la ley de Procedimiento Tributario, tendientes a perfeccionar los procedimientos en materia de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. El contenido de la norma, que ya cuenta con media sanción de Diputados, intenta mejorar la recaudación del Tesoro Nacional y amplia los poderes discrecionales a la AFIP.
