El Parlamento aprobó esta madrugada la ley que beneficia a miles de deudores hipotecarios morosos. En principio y luego de un largo debate, el Senado otorgó media sanción y giró luego a la Cámara de Diputados el proyecto de salvataje de deudas hipotecarias contraídas para compra de vivienda única, cuyos créditos no superen los 100.000 pesos y hayan entrado en mora a partir del primero de enero de 2001.
La Cámara baja se abocó al tema una hora después de que el otro cuerpo le dio media sanción, habilitándose el tratamiento con los dos tercios de los presentes, con 120 legisladores a favor, 12 en contra y 25 abstenciones.
Finalmente se aprobó la iniciativa en un breve trámite alrededor de las 2 de la marugada, con 107 votos a favor y 59 en contra. Hubo cinco abstenciones.
El bloque radical planteó a la vez la habilitación de un proyecto de ley en minoría que tiene varias modificaciones al que impulsa el oficialismo, que es el mismo que no prosperó en la Cámara de Senadores y que tenía poca chance de vencer al que ya venía del Senado.
Luego de un debate de más de cuatro horas, el Senado logró la sanción del proyecto en general con el respaldo del justicialismo pero con el rechazo del radicalismo que otorgó los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas de la iniciativa y reiteró en el recinto sus discrepancias con la ley.
La iniciativa fue aprobada por 33 votos favorables contra 14 de la oposición, que respaldó en cambio un dictamen en minoría presentado por el radicalismo que buscó ampliar el universo contemplado en el proyecto enviado por el Ejecutivo.
La iniciativa es una solución parcial al problema de los morosos ya que no suspende los remates hipotecarios en curso y permite que los acreedores puedan subastar la vivienda, en el período intermedio hasta que se reglamente la ley. Contempla una refinanciación a los individuos que incurrieron en mora, y se mantuvieron en ese estado, entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de setiembre de 2003.
Para ingresar al sistema de salvataje, el crédito solicitado por los deudores hipotecarios a las entidades financieras (bancos) o acreedores privados (escribanías) no podrá superar los 100 mil pesos.
La senadora justicialista Liliana Negre de Alonso, calificó la iniciativa como "la más importante" desde el punto de vista social que envió al Congreso el Gobierno y dijo que la norma "tendrá un alto impacto social". Reconoció que la ley "no soluciona el problema de todos los sectores", pero remarcó que los beneficiarios del salvataje son los deudores más castigados del país por tener "la bandera de remate" sobre sus casas.
La norma contempla la creación de un fondo fiduciario que comprará las deudas a los acreedores y luego de brindar un periodo de gracia de un año al deudor (prorrogable en casos excepciones), le empezará a cobrar una cuota que será fija, mensual y consecutiva.
La cuota que pactará el deudor con el fondo no podrá exceder sus ingresos familiares y solo podrán gozar de la refinanciación las personas que hayan pedido un crédito para comprar, construir o ampliar una vivienda única y familiar.
Por su parte, la UCR se opuso al proyecto y presentó un dictamen propio que ampliaba el universo de beneficiarios e incluía a los morosos que hipotecaron sus viviendas para sacar un crédito con fines productivos. También el radicalismo, en sintonía por lo planteado por las entidades que agrupan a los deudores hipotecarios, propuso eliminar la fecha del 1 de Enero como límite inicial de tiempo de mora y solicitó que el régimen sea opcional para el deudor y para el acreedor.
En el recinto, el radical Raúl Baglini solicitó incluir en la norma a los deudores morosos del Banco Hipotecario y ampliar su alcance a las viviendas de hasta un valor de 250 mil pesos.
A su turno, Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) denunció que "el Gobierno le dio 2.800 millones a los bancos" por la compensación y que ahora "se opone a ampliar el universo de beneficiarios" por el costo fiscal que ello implica.
La ley indica que los bancos podrán rechazar el ingreso al sistema de salvataje, ya que no es obligatorio para las entidades financieras aceptar todas las solicitudes de ingreso que presenten los deudores.
Durante la sesión, el presidente del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro, recordó la existencia de un dictamen de minoría de la bancada y calificó como "una gran mentira" el proyecto, al sostener que "se ha dicho que era la solución para las familias con vivienda única y no es cierto".
Por otra parte, Maestro respondió a las declaraciones del presidente Néstor Kirchner cuando cuestionó al radicalismo por dilatar el tratamiento de la iniciativa en el Senado y pidió "humildad" del senador, al recordar que estaba terminando el mandato que no pudo concluir el gobierno de Fernando de la Rúa.
Esa exposición generó la reacción de la senadora justicialista Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestionó a Maestro y sostuvo que los legisladores de la UCR "fundamentaron las peores inequidades y sostuvieron a los peores ministros de Economía".
Por su parte, el senador del partido Liberal de Corrientes, Lázaro Chiappe consideró que la iniciativa tiene "un alto contenido social" aunque manifestó sus diferencias con el proyecto, al advertir que "tal cual está va a ser declarado inconstitucional porque afecta el principio de igualdad".
También, el justicialista Marcelo López Arias dijo que tiene sus "reservas" con la iniciativa aunque admitió el esfuerzo del Ejecutivo "por llevar una solución a un sector que sólo había recibido parches y postergaciones pero hay sectores que no van a tener cobertura para quiénes tendremos que seguir trabajando".
La primera dama destacó que la aprobación del proyecto "rompe con la lógica del Congreso" porque no es una ley impulsada por el Gobierno para "sacarle algo a alguien".
"Esta ley rompe una lógica que tuvimos en el Congreso porque antes cada vez que el Poder Ejecutivo mandaba una ley al parlamento era para sacarle algo a alguien", comentó. Además, la senadora atacó en duros términos a los senadores de la UCR, que se opusieron a la iniciativa, y les pidió que sean "más sensatos" y no hagan un "doble discurso" para las cámaras.
A su turno, el senador del Frente Cívico de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que "los bancos no han perdido nada hasta acá: se han venido sosteniendo los activos en función de que no caiga más su situación" y advirtió que "la ley que se votaría no va a ser la solución de fondo para los deudores".
En tanto y mientras en el Parlamento se debatía la iniciativa, un grupo de manifestantes se concentró frente al Congreso para rechazar el proyecto que, consideran, "perjudica" la situación de los deudores hipotecarios.
En la Cámara baja, la voz del oficialismo fue el diputado por Santa Fe, Julio Gutiérrez, quien defendió el proyecto al considerar que es "una obligación dar una respuesta a las necesidades urgentes de la gente".
"El costo fiscal es importante por eso debemos dar una respuesta urgente a la gente porque sino es así, el costo lo termina pagando toda la sociedad", afirmó Gutiérrez.
En los primeros discursos, los representantes opositores, la radical Aída Francisca Maldonado (Catamarca) y Eduardo Macaluse (ARI), coincidieron en que esta ley no "detendría las ejecuciones y no defiende a los deudores".
"Aquí la cuestión es clara: el que más paga es también el que más sufre porque está en debilidad. Debemos reconocer que es importante que el estado se involucre, pero no con este proyecto que tiene falencias", afirmó Macaluse.
