El Gobieno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, avanza en el diseño de un proyecto de ley para "desprocesar" a los piqueteros involucrados en causas judiciales por protestas sociales.
Amén de ello, diputados de varias bancadas presentarán en la Cámara baja -posiblemente hoy- un proyecto de ley que impulsa el "desprocesamiento" y la "descriminalización" de la protesta social, acordado con organizaciones defensoras de los derechos humanos. La iniciativa de los legisladores establece que se deja "sin efecto todo procesamiento, condena o sujeción a secuelas de proceso penal a todos los habitantes de la Nación encausados en cualquiera de sus jurisdicciones". En ese sentido, añade que el desprocesamiento se debe aplicar en los casos de "protestas sociales, cortes de ruta, huelgas, escraches, marchas o movilizaciones y ocupación de edificios públicos o privados".
También en "suspensión de desalojos, ocupación de inmuebles materialmente abandonados para destinar a su habitación o utilización social, participación en proyectos de gestión obrera para fábricas recuperadas o cualesquiera otras formas derivadas de hechos de protesta, petición a las autoridades o manifestación de disconformidad con los hechos de gobierno, acaecidos en el territorio nacional entre 1990 y la fecha de promulgación de la presente ley".
El proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos se basa en tanto en una modificación al Código Penal que otorgue elementos para enmarcar las protestas en "el legítimo ejercicio del derecho a manifestarse".
La iniciativa "no plantea una amnistía, sino que fueron mal procesados", y se propone "descriminalizar la protesta social", planteando hacia el futuro "normas y criterios más claros para que los jueces interpreten la protesta social teniendo en cuenta la Constitución y la situación social de crisis".
Así lo explicó el abogado Gustavo Palmieri, miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrante de la comisión asesora de la Secretaría de Derechos Humanos que trabaja en el documento. El proyecto plantea en primer término la "extinción de la acción penal y de todos sus efectos" en todos los procesos judiciales desarrollados como consecuencia de protestas sociales.
En tanto, existe otro proyecto vinculado al tema para dictar "la amnistía" de los procesados y detenidos por protestas sociales que elaboraron los diputados peronistas que integran el denominado Grupo Talcahuano.
La iniciativa es una amnistía para "las personas que hayan participado en todos los hechos ocurridos con motivo de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil".
El proyecto sería suscripto por todos los integrantes del Grupo Talcahuano y legisladores de otras bancadas como Patricia Walsh (Izquierda Unida), los diputados del ARI, los socialistas y algunos radicales.
Las definiciones legales serán aplicadas en todas las causas judiciales en trámite o ya fenecidas, conforme el principio de aplicación de la ley penal más benigna establecido en el artículo 2 del Código Penal, según el proyecto.
En los fundamentos, se menciona que la entrada en vigencia de la política económica del gobierno de Carlos Menem "modificó sustancialmente la estructura social de la Argentina" y reseña que "la privatización de los principales recursos naturales y empresas prestatarias de servicios esenciales, trajo como consecuencia una reestructuración de estos sectores, dejando sin fuentes de trabajo a cientos de miles de personas".
Ante esta situación, y "a efectos de concitar la atención sobre los graves problemas existentes, grandes grupos poblacionales y hasta ciudades enteras se vieron obligadas a salir a las calles, ocupando edificios públicos y cortando las rutas principales, en demanda de una respuesta frente a una situación límite de sobrevivencia".
