"La amnistía de hechos producidos en los tiempos más agudos de la crisis, es una contribución al imprescindible proceso de pacificación nacional", expresaron los legisladores en un comunicado de prensa con el que aclararon su postura en torno al proyecto de amnistía para los dirigentes sociales. En ese sentido, aseguraron que "el proyecto es modificable y perfectible, para que logre su intención de ser útil a la pacificación social", remarcaron los diputados Rosana Andrea Bertone, Dante Canevarolo, Gerardo Conte Grand, Pablo Fontdevila, Ricardo Gómez, Julio Gutiérrez, Guillermo Jonhson, Mónica Kuney, Arturo Lafalla, Blanca Osuna, y Saúl Ubaldini.

Desde el gobierno, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tras ser conocida su opinión en contra del proyecto, prefirió "evitar el debate para que el Poder Legislativo pueda trabajar libremente".

Fernández sostuvo que "mi opinión es conocida, dejemos que el Poder Legislativo haga lo que crea que debe hacer".

Fuentes oficiales confiaron que el gobierno analiza un proyecto mediante el cual plantea el desprocesamiento judicial de los piqueteros, ya que consideran "inviable" el que se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Diputados y que reclama una amnistía para los dirigentes de los grupos de desocupados. Así lo confirmó una alta fuente gubernamental, quien relató que el proyecto los están estudiando el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto a abogados y técnicos de organizaciones de Derechos Humanos.

Si bien la fuente evitó profundizar algunos detalles, adelantó que la iniciativa abarcaría a los alrededor de 3.000 casos, pero se diferencia del que presentaron los diputados enrolados en el grupo Talcahuano, además de legisladores de partidos de oposición.

Volviendo a los diputados que apoyan la medida, estos resaltaron que "nunca en su historia como en los últimos años, el país tuvo en situación de pobreza al 50 por ciento de la población y en condiciones de indigencia a más del 20 por ciento. Nunca hubo tal nivel de desempleo".

Por tal motivo, analizaron que la situación económica "trajo consigo niveles de carencias alimentarias, de salud, de vivienda y de educación y movilizó a importantes sectores de la sociedad, en demanda de su derecho a la vida y a la subsistencia mínima".

Por tales razones, manifestaron su desacuerdo con quienes critican la iniciativa "desde la concepción de que la única respuesta al conflicto o la demanda social es la represión, la persecución penal y la condena de los reclamantes".