"Existe un golpe de Estado o al menos un alzamiento de los otros dos poderes contra el Judicial. Por respeto a la investidura que me han conferido, no lo puedo tolerar", afirmó Vázquez ante los diputados que integran la comisión de Juicio Político.

El ministro leyó su descargo ante los legisladores de la comisión que preside el justicialista Ricardo Falú, en una reunión convocada para que el ministro formule su descargo de las 15 acusaciones que pesan en su contra por presunto mal desempeño de la función.

Por su parte, el abogado defensor del ministro, Virgilio Loiácono, acusó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de actuar como "el brazo armado del Poder Ejecutivo". El abogado presentó en la comisión un escrito de 25 carillas en el que cuestionó duramente el proceso de remoción iniciado contra Vázquez y respondió los 15 cargos de acusación aprobados en su contra.

Loiácono, quien se desempeñó como secretario Legal y Técnico del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, calificó a la Comisión de Juicio Político de actuar como "el brazo armado del Poder Ejecutivo". En esta línea, consideró que "existen constancias graves concordantes y precisas de una actuación en aras a una mal entendida disciplina oficialista y con miras al provecho y futuro político propio antes que en pro de los intereses públicos en juego".

En un escrito de 30 páginas que firma el asesor letrado de Vázquez, Virgilio Loiácono, el ministro de la Corte hace una introducción en la que cuestiona el proceso en su contra y asegura que "malversa el juicio político con el propósito de interferir en el régimen de mayorías en el alto tribunal con miras a obtener cambios en la jurisprudencia".

Sobre el caso Meller, Vázquez aseguró que "no correspondía ocurrir ante la Corte Suprema frente a un acto administrativo de está índole" y que ante el dictamen del Ministerio Público en sentido negativo sobre la procedencia del recurso extraordinario, se firmó el fallo respectivo.

Aquí los diputados acusan al ministro de la Corte que de negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa, que ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos.

Con respecto al fallo sobre el contrabando de autos de la empresa que pertenece a Franco Macri, Vázquez afirmó que fue "impecable" el fallo del tribunal de Casación que rechazó la presentación del juez federal de Concepción del Uruguay de continuar en otro acción penal, luego de haber extinguido la referida por evasión fiscal.

Casualmente, uno de los cargos de los diputados es obstruir el proceso legal, respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay, en los autos "Macri, Franciso y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando".

En cuanto a las sanciones disciplinarias, Vázquez defendió las atribuciones de la Corte Suprema de hacer "valer su autoridad" ante sus inferiores y señaló que estas atribuciones no corresponden al Consejo de la Magistratura.

Sobre las sanciones a Héctor Magariños, Vázquez señaló que se adoptó esta decisión "no solo por violar los deberes e incompatibilidades de los jueces sino por colocarse en una posición de enfrentar internacionalmente al propio Estado que lo ha distinguido con la atribución de una magistratura".

Sobre la situación de Dragonetti de Román, el ministro de la Corte Suprema explicó que en oportunidad de ser inspeccionado el juzgado a cargo de la magistrado se constató que estaba cerrado por paro de actividades y que la misma se negó a proporcionar la lista del personal que adhirió a la medida de fuerza. La base de la argumentación del ministro fue asegurar que la embestida del gobierno de Néstor Kirchner contra varios ministros del tribunal -que acompañó el oficialismo en el Congreso- busca instalar una mayoría "adicta" y advirtió que se generó una "parálisis funcional" del tribunal.