El Senado dio por cerrada la etapa probatoria en el juicio político por mal desempeño de sus funciones al suspendido ministro de la Corte, Eduardo Moliné O'Connor, y fijo el próximo jueves 27 como fecha para la presentación de los alegatos.
En una decisión apoyada por la mayoría de los senadores presentes en el recinto, se avaló el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, mediante el cual también se rechazaron 17 planteos presentados por la defensa en relación al procedimiento.
La fecha fue fijada por el presidente de la Cámara alta, Daniel Scioli, luego de que el cuerpo votara el proyecto de la Comisión de Asuntos Constitucionales que cerró el período de producción de pruebas.
El proceso para sustanciar las nuevas evidencias tenía como plazo máximo treinta días, pero el cronograma diseñado por el Senado permitió que se analicen en dos semanas y se ponga fecha para los alegatos finales.
El plenario también rechazó "por improcedente" las últimas 17 presentaciones que realizó el letrado defensor del juez, Gregorio Badeni, entre las cuales había planteos de nulidad del juicio político, recursos extraordinarios y recusaciones contra varios senadores.
Según fuentes del oficialismo, la sentencia contra el magistrado "se votará el 2 ó 3 de diciembre", sólo unos días antes de la renovación parcial del Senado. De todos modos, en el PJ no descartan que la sentencia se discuta el mismo 27 de noviembre, luego de escuchar el alegato de Moliné y de los diputados, que podrán exponer sus fundamentos en forma oral o escrita.
Entre las presentaciones rechazadas figuraban las recusaciones contra los senadores peronistas Guillermo Jenefes (Jujuy) y Jorge Yoma (La Rioja), cuestionados por la defensa por sus consideraciones durante la reunión de comisión de hace una semana. También se desestimaron las presentadas ese mismo día contra los también peronistas Fernández de Kirchner, Ada Maza (La Rioja) y José Luis Gioja (San Juan), en cuestionamiento a sus actuaciones en la votación del 8 de octubre en la que se resolvió la suspensión del juez.
En este sentido, la senadora peronista Liliana Negre de Alonso repudió las manifestaciones de la defensa y las consideró "no admisibles" por considerar que "no se puede hablar de que la posición de un senador es un medio de pago".
Para la defensa, la senadora Maza cambio el sentido de su voto ante el envió de fondos de la Nación a la provincia de La Rioja, gobernada por su hermano Angel.
"Los fondos coparticipables no son una dádiva son un derecho constitucional", remarcó la senadora justicialista por La Rioja.
