La Legislatura porteña decidió pasar a cuarto intermedio hasta el 26 de noviembre el tratamiento del proyecto de Ley de Comunas, tras debatir por más de dos horas sin poder reunir la mayoría especial de 40 votos.
El texto que comenzó a debatirse en el recinto propone la descentralización administrativa y política a través de la creación de 16 comunas en la ciudad de Buenos Aires, cuyos respectivos integrantes serán elegidos en 2005.
La fundamentación del proyecto estuvo a cargo de la legisladora ibarrista Sandra Dosch, quien fue interrumpida por las barras de la oposición con cánticos como "y ya lo ve, y ya lo ve, los que cantamos no somos de CGP (Centros de Gestión y Participación)".
Durante la sesión sólo pudieron hacer uso de la palabra Dosch y los diputados Oscar Morscariello, Ana Maiorkevich, y Roy Cortina.
En un marco de gritos y enfrentamientos entre los distintos legisladores Dosch manifestó que "así no se puede debatir", por lo que se decidió definir el destino del proyecto de ley en la sesión del próximo miércoles.
"Si bien las comunas deberían ser un mecanismo de participación ciudadana, solamente resultarían efectivas al contar con un instrumento legal útil, que defina sus competencias" expresó el diputado demócrata progresista Moscariello, sin embargo advirtió que "este no es el caso del proyecto que se discute".
Por otra parte la diputada porteña Juliana Marino, a favor del proyecto, destacó que el mismo "vendría a resolver algunas de las demandas centrales que hace la sociedad al sistema político".
Marino enumeró los distintos puntos positivos del proyecto y dijo que el mismo brindará "participación popular, renovación de la dirigencia política, descentralización del poder, resolución de cuestiones locales, proximidad de la relación entre el funcionario comunal y el vecino, mayor control ciudadano del vínculo representativo y mayor presencia femenina en los lugares de decisión política".
Por último la diputada indicó que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires indicaba que la resolución de dicho proyecto debería de haberse dado durante el año 1998, por lo que es "una deuda que los legisladores mantenemos con la ciudadanía".