El veredicto acusatorio obtuvo 45 votos a favor y 19 en contra, por lo cual superó la exigencia constitucional de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto del Senado para destituir a un juez de la Corte.

Se trata de la primera remoción del máximo tribunal del país resuelto por la vía institucional desde 1947, cuando el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Corte Suprema.

En efecto, la última vez que el Senado destituyó a un juez de la Corte Suprema de Justicia fue en 1947, durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, cuando un Congreso dominado por el PJ barrió a tres integrantes, de cinco, mientras que uno renunció cuando la Cámara de Diputados se aprestaba a enjuiciarlo. Los jueces del alto tribunal destituidos en un proceso que duró nueve meses, fueron Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía.

Un cuarto juez, Roberto Repetto, había renunciado poco antes de que Perón asumiera la Presidencia, aunque también se lo enjuició y se lo privó de la jubilación en un proceso que también alcanzó al Procurador General de la Nación, Juan Alvarez.

La arremetida peronista tuvo una sola excepción: fue la del magistrado Tomás Casares, un juez cercano al fundador de justicialismo.

Volviendo al presente, en los últimos meses renunciaron a la Corte, Julio Nazareno y Guillermo López, ante la inminencia de juicios políticos adversos; y la completaría Adolfo Vásquez, cuyo enjuiciamiento está siendo sustanciado por la Cámara de Diputados.

El Senado encontró culpable a Moliné O'Connor en dos de los nueve cargos que le imputó la comisión acusadora de la Cámara de Diputados.

La mayoría para removerlo se constituyó en base a 36 votos positivos del bloque del PJ, tres radicales -Luis Falco, Jorge Colazo y Juan Carlos Paso-, 2 del Frente Cívico Jujeño, 1 del Frente Cívico de Catamarca, 1 del Frepaso, 1 del Frente Grande y 1 del Partido Liberal de Corrientes.

En contra de la destitución votaron 12 senadores radicales; los justicialistas Eduardo Menem, Sonia Escudero y Angel Pardo; el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, la sanjuanina Nancy Avelín (Cruzada Renovadora), el neuquino Pedro Salvatori (MPN) y el representante de Fuerza Republicana, Pablo Walter.

Esta ajustada votación no se reflejó a la hora de decidir sobre la inhabilitación a Moliné O' Connor para ejercer cargos públicos. En esa instancia varios peronistas revirtieron sus votos y el resultado fue de 38 a 25.

A pesar de separarlo de la Corte Suprema, el PJ no logró conseguir los votos para declararlo "inhábil moralmente" para ocupar cargos públicos, por lo que Moliné podrá en un futuro volver a la administración pública.

El propio acusado, al término de la sesión, se encargó de dejar al descubierto la contradicción de varios senadores al afirmar que "es difícil que me hagan un cargo y a su vez me habiliten para que el día de mañana pueda seguir ejerciendo".

En la causa Meller se lo encontró culpable al magistrado por haber convalidado el reclamo de la empresa Meller SA, contratista de la ex Entel, por un reajuste retroactivo por 399 millones de pesos, vinculado con la impresión de las guías telefónicas.

Si el PJ mantiene la misma posición que con Moliné, el juez Vázquez correría su misma suerte y podría ser destituido, ya que pesan sobre él las mismas acusaciones por las que fue removido Moliné O'Connor.

Durante todo el proceso, que se inició a mediados de agosto, la defensa de Moliné O'Connor, comandada por el letrado Gregorio Badeni, denunció reiteradamente irregularidades en el juicio político y la violación por parte de los senadores del "debido proceso y el derecho a la defensa en juicio".

En total, Moliné presentó 37 peticiones, las cuales fueron rechazadas en su totalidad por la Comisión de Asuntos Constitucionales que, manejada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante la sustanciación del proceso.

Todas las solicitudes, en su mayoría pedidos de nulidad y recusaciones, fueron rechazadas con los votos del PJ, como cuando el Senado resolvió suspender preventivamente al juez el 8 de octubre.

Badeni adelantó, luego de denunciar las irregularidades, que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar revertir el veredicto que emitió la Cámara alta.

El presidente Néstor Kirchner deberá proponer ahora un candidato para reemplazar a Eduardo Moliné O'Connor en la Corte Suprema de Justicia, aunque fuentes oficiales indicaron que el mandatario "se tomará un tiempo" para hacerlo.

Las especulaciones que circularon en la Casa Rosada indicaron que el jefe de Estado podría inclinarse por alguna de las prestigiosas juristas que vienen siendo mencionadas desde hace más de un mes.

Los nombres que circulan con más fuerza son los de la integrante del Superior Tribunal de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, especialista en derecho de familia; y el de la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan.

En la lista de las candidatas a la Corte también figuran Alicia Ruiz, miembro del Tribuna Superior de Justicia de Buenos Aires y Elena Highton de Nolasco, especialista en derecho civil y miembro de la Sala F de la cámara civil.

Existe un solo antecedente de una mujer que haya integrado la Corte: se trata del caso de Margarita Argúas, quien estuvo entre 1970 y 1973, aunque no en período democrático sino bajo los regímenes de facto de Roberto Levingston y Alejandro Lanusse.