Mientras tanto, el presidente del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, sostuvo que el cuerpo legislativo avanza con un proyecto de derogación de la controvertida ley votada en 2000 y que esto se lograría "antes de febrero de 2004".

"La derogación es segura, no se sabe si será selectiva o total, pero tenemos que ir con cuidado porque no queremos espantar la incipiente reactivación que hay en este momento", afirmó Díaz Bancalari, en declaraciones a periodistas parlamentarios.

Luego de que el gobierno anunciara que estudia promover la derogación de la ley cuestionada, se sumó el ex presidente Duhalde, quien afirmó que supone que el Ejecutivo "estará pensando en enviar otro proyecto de ley" que establezca nuevas pautas en materia laboral.

Duhalde reseñó que, desde el justicialismo bonaerense, "en su momento se pidió la máxima condena para los probables responsables (de los presuntos sobornos), y además los tildamos de traidores a los trabajadores y a la Patria".

En el mismo sentido, la UIA solicitó -a través de un comunicado- la derogación de la ley y pidió que se mantenga "un régimen laboral moderno, estable y transparente".

La central fabril expresó que "la confirmación judicial de posibles delitos que vicien la voluntad de la ley, conlleva -a nuestro entender- la necesaria derogación de la misma, por cuanto no sólo habría vicio jurídico de voluntad sino también impedimento ético para su aplicación".

En la vereda opuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, expresó sus reparos a la anulación o derogación de la ley y se pronunció a favor de esperar la investigación judicial antes de promover una derogación de esta iniciativa.

"Le tengo temor a la anulación porque dejaría de lado todas las medidas tomadas dentro de la ley dado que generaría demandas judiciales porque no tendría vigencia ni validez el proyecto votado hace tres años", explicó Camaño.

Tampoco se expresó a favor de la derogación de la norma, ya que previo a ello "se debe demostrar que la ley fue votada incorrectamente y si esto es así debe ser derogada en forma inmediata".

Desde el sector sindical, la CGT oficial reiteró su repudio a la norma, y exigió "su inmediata derogación, por tratarse de una norma nula de nulidad absoluta e insalvable".

En una solicitada, la central sindical que dirige Rodolfo Daer sostuvo que la ley "es fruto de la imposición de organismos internacionales, para continuar sometiendo a la Argentina y solidificar los pingues negocios de los herederos de la tablita financiero-especulativa".

En tanto, el abogado Roberto Boico pidió a los tribunales en los contencioso administrativo la suspensión de la vigencia de la ley de reforma laboral hasta tanto la Justicia determine si fueron o no pagados sobornos a los senadores.

Finalmente, el abogado Eduardo Barcesat se expresó a favor de la nulidad de la iniciativa: "el único destino que puede tener esta ley es el de ser fulminada de nulidad total, absoluta e insanable". En un escrito, el letrado señaló que "ya se escuchan las opiniones interesadas apartadas del saber jurídico, que propician la derogación, ocultando o ignorando que en el derecho sólo se deroga lo que es válido, con lo que la pútrida ley vendría a obtener un barniz de legitimidad".