El objetivo principal de esta institución es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario Federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo.

La jurisdicción que podrá tener este funcionario competencia serán cárceles, comisarías, alcaidías y cualquier tipo de locales donde se encuentren personas detenidas.

Este funcionario será elegido por el Congreso Nacional por una Comisión bicameral que deberá elegir a un candidato que deberá ser argentino o nativo, tener como mínimo 30 años de edad y ser de profesión abogado, además de acreditar experiencia en la defensa de los derechos humanos y en el ámbito de derecho penal.

Después de más de cuatro horas de sesión, y una vez aprobado el temario acordado previamente en la comisión de Labor Parlamentaria, los diputados de varios bloques plantearon sin éxito la necesidad de debatir en el recinto la derogación o la nulidad de la reforma laboral.

Es que el justicialismo, que tiene mayoría en Diputados, pretende avanzar en la derogación de la ley luego de consensuar el contenido de esa iniciativa con el Ejecutivo y con las centrales sindicales, según informaron fuentes partidarias.

Los diputados aprobaron un conjunto de proyectos, entre los que se encuentra la iniciativa que crea la figura de asociación ilícita para la evasión tributaria, el último del denominado paquete antievasión, enviado hace más de cuatro meses por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Asimismo, sancionaron la ley marco para el ingreso de tropas extranjeras y la iniciativa que establece la creación de la figura del Procurador Penitenciario, quien será elegido por el Congreso a partir de una serie de condiciones dispuestas para cubrir el cargo.