El Congreso Nacional aprobó 106 leyes en el transcurso de este año, entre las que se destacaron la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el presupuesto para el 2004, la prórroga de la Emergencia Económica y el plan integral contra los secuestros.
De ese centenar de leyes, un 42 por ciento fueron promovidas desde el Poder Ejecutivo, mientras que del 48 por ciento aprobadas por iniciativas de los legisladores, el 53 por ciento correspondió a justicialistas y el 30 por ciento a radicales.
Los datos están plasmados en un informe elaborado por el bloque de diputados justicialistas, que conduce José Díaz Bancalari, quien destacó que "estas leyes son reflejo de un avance cualitativo del crecimiento del país".
"En este período parlamentario, el bloque justicialista, a través de su acción legislativa demuestra que se encuentra consustanciado con el proyecto estratégico inspirado en la justicia social con el que el presidente Néstor Kirchnr busca una nueva fisonomía al país; empobrecido, desguazado y deshecho por las políticas del modelo neoliberal", apuntó.
Se destaca la actitud asumida por la oposición en el Congreso y que estas son leyes que "están diciendo a cada argentino sobre la disposición de su gobierno para que cada uno alcance lo que es debido por su dignidad como persona".
Las leyes más importantes sancionadas en el transcurso de la presidencia de Eduardo Duhalde y Kirchner son la anulación de la Obediencia Debida y Punto Final, el Presupuesto para el 2004, la prórroga de la Ley de Emergencia, y de un conjunto de tributos claves para el gobierno nacional. Además, en este año legislativo se aprobó una prórroga de la suspensión para los remates hipotecarios y un salvataje para los deudores y un régimen de acceso a la información bancaria para que cada entidad especifique cual es la garantía de sus casas matrices, y las reformas al impuesto sobre los combustibles
También se sancionó la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica, el plan antievasión que busca evitar la elusión tributaria, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el rescate de las causimonedas por más de 7800 millones de pesos.
Por otro lado, el Congreso votó el plan integral para combatir los secuestros, se incorporó al Código Penal la figura del decomiso, se otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y se prohibió la expulsión de los colegios de las adolescentes embarazadas.