El jefe de gabinete de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Trabajo Carlos Tomada presentaron ante los bloques de senadores del justicialismo y la Unión Cívica Radical, el proyecto de la nueva ley laboral luego de que los distintos alcances de la iniciativa oficial fueran motivo de debate entre legisladores nacionales y dirigentes sindicales de la CGT disidente.
Al término de la reunión con los senadores de la bancada justicialista, Alberto Fernández señaló que "en el Poder Ejecutivo confiamos que el proyecto tendrá un tratamiento rápido, fundamentalmente porque la nueva norma fue consensuada con sectores sindicales, empresarios y expertos en derecho laboral".
Fernández precisó que "el proyecto será firmado por el presidente Néstor Kirchner en las próximas horas, e inmediatamente será ingresado en el Senado para habilitar las sesiones extraordinarias".
Hugo Moyano señaló que "esta nueva ley laboral servirá para terminar con la bochornosa y vergonzosa reforma de abril de 2000, pero aún faltan puntos por mejorar en beneficio de los trabajadores. Por ejemplo, que el preaviso para un despido sea 30 días antes y no de 15 días como lo establece la nueva ley laboral".
El ministro de trabajo Carlos Tomada, puntualizó que "las principales diferencias entre la nueva iniciativa laboral y la controvertida ley 25.250 a derogarse, tienen que ven con el período de prueba (la ley de las supuestas "coimas" establece 12 meses, mientras que el nuevo proyecto fija sólo tres meses de prueba para trabajadores); la indemnización, los aportes patronales para empresas pequeñas y medianas y algunos temas vinculados con la negociación colectiva".
Consultado sobre la opinión de representantes de sectores empresarios, que señalan que la nueva ley laboral podría significar un retroceso en esta etapa de crecimiento, el ministro Tomada enfatizó que "fundamentalistas siempre hay en todos lados, pero estamos hablando básicamente de una norma que tiende a una visión equilibrada de las relaciones del trabajo ".
En ese sentido, Tomada resaltó que "hemos hablado con todos los sectores, también con los empresarios y los hemos consultado hasta consensuar los puntos más importantes a modificar".
El tratamiento del proyecto de la nueva ley laboral comenzará a tratarse el jueves en la Comisión de Trabajo, y se adelantó que podría ser debatido en el Recinto en la última semana de febrero.
Al respecto, desde el bloque de senadores de la UCR se adelantó que el radicalismo reconoce los avances logrados con las modificaciones que propone el Poder Ejecutivo, pero impulsan otros avances en las negociaciones de las provincias con el poder central, y plantearon a los funcionarios del gobierno que no presionen al Senado para tratar sí o sí el proyecto el 19 de febrero, fecha impuesta desde el Ejecutivo y el oficialismo en la Cámara alta.
Entre los puntos más sobresalientes del nuevo proyecto, se consigna que el período de prueba de un empleado se reduce a tres meses (contra los 12 de la reforma anterior); en caso de despido, un empleador debe contemplar un preaviso de 15 días. Asimismo, la nueva ley laboral fija la indemnización para el primer año de trabajo, en un mes de sueldo más el preaviso.
Por otra parte, se reimplanta la ultractividad y se eliminan los artículos que hacían prevalecer los convenios de ámbito menor. Los acuerdos por empresas sólo podrán imponerse cuando no exista un convenio de nivel superior, cuando incluya mejoras de las condiciones laborales o cuando traten de situaciones específicas del lugar de trabajo.
En lo que tiene que ver con los aportes patronales, las pequeñas y medianas empresas, con menos de 80 empleados, podrán acogerse a los beneficios de la reducción de un tercio de los aportes patronales de los trabajadores que incorporen antes de diciembre de 2004; además, la rebaja será del 50 por ciento cuando contraten beneficiarios de planes sociales.
Acerca del control sobre el trabajo "en negro", la AFIP tendrá idénticas facultades que el Ministerio de Trabajo para controlarlo. Se crea un sistema de inspección de trabajo destinado a controlar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social. Los inspectores, entre otras facultades, podrán clausurar los centros de trabajo ilegales.