El Senado dio media sanción a la ley de reforma laboral

El Senado -tras siete horas de debate- dio hoy media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, que apunta a reemplazar la ley 25.250, sospechada de haber sido sancionada mediante el pago de sobornos durante la gestión del radical Fernando de la Rúa.

Con el respaldo de la mayoría justicialista, disidencias parciales por parte del radicalismo y de algunas bancadas provinciales, y la sola negativa por parte del socialista Rubén Giustiniani -quien propuso la anulación de la norma anterior y no su derogación como dice el texto- el proyecto se aprobó en general por 65 votos favorables contra 1.

En cuanto al debate en particular, el oficialismo consiguió sacar el texto casi tal cual el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta, con una sola modificación del inciso 6 del artículo 2 referido a garantizar el derecho del trabajador a recibir prestaciones por accidente o enfermedad durante el período de prueba.

El proyecto del gobierno había recibido en la Comisión otros dos cambios.

Uno limitó las facultades de la Nación en cuanto al poder de policía de trabajo al incorporar la obligatoriedad de que se informe a las provincias ante cualquier inspección.

El otro cambio consistió en que, en caso de que el gobierno decida prorrogar el beneficio de reducción de aportes patronales para las Pymes, deba avisar al Congreso.

En el recinto, el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión, Carlos Prades (UCR), admitió que la cuestionada legislación "tal vez esta ley fue el comienzo de la profunda crisis institucional" que terminó con el gobierno de la Alianza.

Y destacó que el contenido del proyecto del PEN se analizó en comisión en "un marco de transparencia" y aseguró que si bien "no estamos poniendo el principio de sospecha sobre el principio de inocencia establecido en la Constitución" se procura dar "una respuesta desde la ética derogando una ley fuertemente cuestionada por la sociedad".

En tanto, la senadora Cristina Fernández de Kirchner recordó su oposición en el 2000 al proyecto que derivó en la llamada "Ley Banelco" y sostuvo que "la derogación de la 25.250 es una deuda que tienen las instituciones y los partidos políticos consigo mismos y con la reconstrucción de la democracia".

El justicialista Julio Miranda, vicepresidente de la Comisión, sostuvo que la iniciativa "se inscribe en una política de Estado encaminada a ser un proyecto económico equitativo" que "apunta y apuesta a la consolidación del escenario laboral sostenido".

El radicalismo acompañó el proyecto en la votación en general, por considerar que la derogación de la ley ahora vigente es necesaria "por un problema de legitimación, la legitimidad la está investigando otro poder del Estado", dijo el mendocino Ernesto Sanz.

El senador sostuvo que en el bloque "hubiéramos deseado incluir en la derogación también la ley que ampara los contratos basura y las pasantías" y dijo que "el esquema central que plantea el proyecto tiene un contenido de escasa democracia sindical y participación federal".

En cambio, el socialista Giustiniani, el único que votó en contra de la norma, consideró que "la Cámara de Senadores no puede juzgar sino legislar y, precisamente, por ello es que lo correcto hubiese sido votar por la nulidad" de la ley.

Ahora la ley será tratada en Diputados, y en ese sentido el justicialismo presionará para tratar en las próximas horas para que salga del período de extraordinarias, aunque desde el radicalismo se consignó que no le darán los dos tercios necesarios, por lo cual podría salir después del 1 de marzo cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

Con esta sanción el Senado, que hoy estrenó el sistema de eléctrico de votación, busca limpiar su imagen tras el escándalo que lo salpico tras la denuncias de sobornos y que volvió en los últimos meses luego de la declaración del arrepentido Mario Pontaquarto.

En ese sentido, el jefe del bloque justicialista, Miguel Pichetto, destacó la labor de la comisión y afirmó que "había que emitir una señal a la sociedad" tras el escándalo de la cuestionada reforma laboral.

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