La Suprema Corte bonaerense avaló al gobernador Felipe Solá, quien había recurrido a ese Tribunal para dirimir el conflicto planteado ante su negativa de otorgar un incremento salarial a 55 funcionarios judiciales que había sido aprobado por la Legislatura de la provincia.
Ese incremento, del orden de los 900 a 1.800 pesos mensuales, se generó a partir de la creación de una nueva categoría en el escalafón del Poder Judicial -la "19 y medio"- que beneficiaba las asignaciones de los prosecretarios de la propia Corte provincial, del Tribunal de Casación Penal y de la Procuración, a los Curadores Oficiales de Alienados, Relator del Tribunal de Casación Penal y del Ministerio Público.
La norma, aprobada a mediados del año pasado por ambas Cámaras nunca se aplicó porque por esos meses estaba en plena vigencia la emergencia económica de la provincia que incluía recortes en los salarios de toda la administración provincial, motivo por el que fue vetada por el mandatario.
En noviembre último, la Legislatura bonaerense con la aprobación de los tercios de cada Cámara dispuso la firmeza de la ley y habilitó de esa manera la aplicación del aumento.
Solá argumentó entonces que el Poder Legislativo no esta autorizado a generar un nuevo gasto por fuera del Presupuesto que por ley se aprobó y recurrió a la Corte y quedó así plantado un conflicto entre poderes.
Finalmente, el Alto Tribunal dio la razón al gobernador y declaró la invalidez de la ley votada en la Legislatura. El fallo no solo declaró la invalidez constitucional de la mencionada norma, sino que también consideró "admisible" el planteo de avasallamiento del Legislativo sobre el Ejecutivo que dio origen al conflicto de poderes.
