El Senado decidió postergar, al menos por un mes, la definición sobre el proyecto que propone la inclusión del Tratado de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, al ordenamiento constitucional nacional.
La Comisión de Asuntos Constitucionales adoptó esta decisión tras recibir los testimonios del ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; del integrante del Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires Julio Maier y de la funcionaria del área de Derechos Humanos de la Cancillería, Alicia Oliveira.
Para avanzar en el texto del dictamen, la comisión presidida por Cristina Kirchner comenzó esa ronda de consultas con especialistas, durante la cual Zaffaroni propuso que en lugar de convertir el tratado en una ley se elabore una norma que modifique el Código Penal y Procesal Penal para adecuarlo al Estatuto.
"La forma más sencilla de adecuar el Tratado es modificando algunas cuestiones del Código Penal y no hacer una reglamentación para ella", afirmó el magistrado.
Igualmente, el juez del Máximo Tribunal dijo que es "escéptico" sobre la eficacia del tratado internacional, aunque aclaró que "no se opone" al mismo.
La Corte Penal Internacional es un organismo judicial con sede en La Haya, que funciona desde julio del 2002 y que fue avalado por 139 países y ratificado por 92. Según su Estatuto, su función principal es investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad posteriores a julio del 2002.
Sin embargo, antes de iniciar una investigación sobre estos crímenes, la Corte debe tener luz verde del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El Congreso argentino ya ratificó el acuerdo, aunque faltan aprobar dos leyes: una de implementación del Tratado y otra para elevar su rango a nivel constitucional.
La primera ley será tratada en el recinto a principios del mes próximo, según adelantaron fuentes parlamentarias, mientras que la segunda fue descartada por el Gobierno de Néstor Kirchner.
Las diferentes opiniones dentro del bloque peronista motivaron que el tema, aprobado en comisión el año pasado, perdiera estado parlamentario y que se debiera reiniciar el debate. En este sentido, el riojano Jorge Yoma señaló que "la circunstancia de que las escalas penales previstas carezcan de armonía, esto último no solo en relación de las figuras penales establecidas en el proyecto, sino con los parámetros fijados por el Código Penal".
"Según la escala contenida en el proyecto el delito de exterminio sería penado con mucha más suavidad que el simple homicidio, y que igual relación puede apreciarse respecto de la desaparición forzada de personas y el homicidio", explicó.
La iniciativa había sido enviada a mediados del año pasado por el entonces presidente Eduardo Duhalde, y fue impulsada desde su ingreso al Congreso por el senador peronista Eduardo Menem.
Zaffaroni y Maier consideraron que no se le debe dar rango constitucional a la convención internacional y que, en cambio, se debe adaptar la legislación argentina al Tratado. Este implicaría, según los expositores, modificar el Código Penal para adaptar el régimen punitorio a la normativa sancionada en Roma y evitar incoherencias entre ambos textos.
Ante este panorama, los integrantes de la comisión acordaron realizar una nueva reunión el próximo jueves 18, a la que asistirán otros sectores interesados en el tema, como representantes de organizaciones de Derechos Humanos.
Por otro lado, el Senado tiene previsto sesionar hoy a partir de las 11, para tratar varios proyectos de comunicación y declaración, aunque en el temario no se incluyó ningún proyecto de ley.
