La medida fue confirmada a primera hora de la tarde por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien luego de comunicarse con el presidente Kirchner explicó que la intervención será "por 180 días, prorrogable por 180 días más".

Los fundamentos del pedido de intervención incluirán los casos de espionaje a dirigentes políticos, sociales y de la Iglesia detectados en los últimos días, y las causas judiciales que involucran a la gobernadora Mercedes "Nina" Aragonés y a su esposo, Carlos Juárez, revelaron a la agencia Noticias Argentinas altas fuentes gubernamentales.

"Es algo que venía madurando el Presidente (Néstor Kirchner), que empezamos a madurar el viernes. Y el Presidente tiene a su firma el proyecto para enviar al Congreso. Supongo que mañana o el martes a más tardar lo estaremos elevando al Congreso", expresó el jefe de Gabinete. Agregó que "la idea es proponerle al Congreso que la intervención dure 180 días y se pueda prorrogar por 180 más. Pero de todas maneras lo que queremos es que los santiagueños resuelvan democráticamente y cuanto antes su régimen institucional".

El proyecto de ley será analizado primero por la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados antes de pasar al recinto, y seguirá el mismo trámite en el Senado, antes de que se haga efectiva la medida. Así está establecido en el inciso 31 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que enumera que una de las atribuciones del Congreso es "disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires".

Sólo en caso de que el Congreso estuviera en receso, esa facultad se atribuye al Poder Ejecutivo, que puede disponer la intervención por decreto, aunque con una convocatoria inmediata al Congreso para que ratifique o revoque la medida.

La intervención federal en Santiago del Estero desplazará del poder a Mercedes Aragonés y a Carlos Juárez -flamante ministro de Economía de la gestión de su esposa- quienes buscaron en los últimos tiempos un paraguas político que no encontraron en el Gobierno.

Juárez, un histórico caudillo provincial y referente del justicialismo, viajó en varias oportunidades a Buenos Aires para intentar una salida política al conflicto, aunque volvió a su provincia con las manos vacías.

Desde Santiago, en tanto, el juarismo organizó varias demostraciones de fuerza: la gobernadora difundió dos mensajes en los que rechazó la renuncia, desafió al presidente Kirchner a que le pida que se vaya, y movilizó a la militancia en su respaldo.

Pero en los últimos días, las voces opositoras se multiplicaron cuando comenzaron a conocerse los informes que había recopilado la División de Investigaciones de la Policía provincial, que reunía datos sobre el clero local, dirigentes opositores y jueces.

Además, las causas judiciales contra los Juárez se acumulan en el despacho del juez federal Angelo Toledo, quien ya pidió dos veces el desafuero de la gobernadora, frenado en ambos casos por los legisladores alineados con el oficialismo provincial.

Aragonés está acusada por supuesta malversación de fondos por unos 500 mil pesos, ya que habría cobrado una jubilación en forma simultánea con su sueldo de funcionaria provincial; y por la presunta instigación del ataque a la casa del diputado nacional opositor José Figueroa.

Carlos Juárez, marido de la actual gobernadora y ex mandatario varias veces reelecto, también enfrenta una acusación judicial: el fiscal Alberto Pravia lo culpa como autor "intelectual" de "apremios y torturas" y "jefe de una asociación ilícita" que actuó en la provincia, en la investigación por la desaparición del concejal Emilio Abdala.