Kirchner solicitó al Congreso la intervención federal de Santiago

El presidente Néstor Kirchner solicitó al Congreso la intervención federal a Santiago del Estero, por medio de un proyecto de ley en el que fundamenta su decisión en haber comprobado un "grave deterioro institucional al que se ha llegado en esa provincia".

La intervención debería extenderse a los tres Poderes del Estado provincial por un lapso de 180 días, prorrogables por igual período. Cumplido los términos solicitados, el interventor deberá convocar a elecciones de autoridades y proceder, de esta forma, a la normalización provincial.

El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, cursado a la Cámara de Diputados vía el mensaje número 367, ingresó esta misma noche al Congreso y el gobierno aspira que "en el curso de la semana" complete el circuito legislativo para hacerse efectivo.

Los alcances del decreto fueron dados a conocer por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de Interior, Aníbal Fernández y el titular de la bancada peronista, José María Diaz Bancalari, durante un conferencia de prensa.

"Cumplidas las formas que indican el artículo sexto (de la Constitución), este gobierno no siente que esté violando la voluntad popular de los santiagueños", sostuvo el ministro del Interior.

En la rueda de prensa, ante una consulta sobre las posibilidad de que el diputado tucumano Ricardo Falú sera designado interventor, Díaz Bancalari señaló que "sería una falta de respeto para con los diputados que antes de que se sienten en sus bancas para analizar la intervención ya se esté hablando del nombre del interventor".

De todos modos, según pudo saberse se mencionó en el Congreso el nombre del citado Falú y los también diputados justicialistas Eduardo Arnold y Hugo Perié como probables interventores federales de Santiago del Estero.

Fernández confió en que "el Congreso va a actuar en consecuencia" y aprobará la intervención federal a la provincia que conducen políticamente por los dirigentes justicialistas Carlos y “Nina” Juárez.

La especulación sobre los tiempos parlamentarios la hizo el titular del bloque de senadores nacionales del PJ, Miguel Angel Pichetto, quien aseguró que su par de diputados, José María Díaz Bancalari, le informó que la intención de la bancada oficialista es debatir el miércoles el proyecto.

"Vamos a hacer el esfuerzo para tratarlo el miércoles mismo después de que Diputados lo gire por la tarde al Senado", aseguró Pichetto, en declaraciones a la prensa que efectuó esta tarde minutos después de conversar con Díaz Bancalari.

"El desempeño de los funcionarios del Poder Ejecutivo, ha sido motivo para numerosas quejas y denuncias, que alcanzan desde la negligencia y lentitud en la gestión administrativa, hasta el casi nulo respeto a los derechos laborales de los agentes del Estado provincial", sostienen los argumentos del mensaje, que señala que "es dable agregar que en lo que a la legislatura local se refiere surge manifiestamente que se encuentra sometida a mecanismos de extorsión y presión entre sus miembros".

"Destacándose que un considerable número de sus integrantes ha sido involucrado judicialmente en distintas causas y tiene requerido el desafuero", apunta.

Respecto del accionar policial, el PEN consigna que "también es objeto de permanentes cuestionamientos", entre los cuales cita "falta de profesionalidad, desapego a las formas y notoria falta de observancia de la legalidad".

"Se detectaron serias anomalías institucionales y violaciones a la ley orgánica policial, registrándose un virtual recrudecimiento de las operaciones de coacción a periodistas, políticos opositores y miembros de distintas organizaciones sociales", se sostiene en el mensaje.

Un capítulo aparte "constituye el Poder Judicial santiagueño, cuestionado y denunciado por distintos sectores sociales, por su falta de independencia del poder político, la morosidad en la tramitación de las causas, generalmente injustificada".

"En ese sentido y según surge del informe acompañado por la secretaría de justicia y asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia se recepcionaron más de 500 denuncias por casos de inacción judicial", continúa.

Fernández aseguró que durante el período en el que el Gobierno se negó a hablar de una intervención a Santiago del Estero, desde el Poder Ejecutivo "no se defendía ni al Partido Justicialista de Santiago, ni al gobierno santiagueño, ni a una persona, ni a un grupo de personas".

Según dijo, luego de un análisis "objetivo", el Gobierno tomó la decisión de intervenir Santiago "con todos los elementos a la mano, sin ningún tipo de subjetividades".

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