El Senado aprobó esta madrugada la intervención de los tres poderes públicos de la provincia de Santiago del Estero por un plazo de 180 días, prorrogable por igual periodo, y así dar luz verde en tiempo record a la medida solicitada por el gobierno de Néstor Kirchner.
La norma, aprobada antes por la Cámara de Diputados luego de un extenso debate, fue impulsada en el Senado por el mayoritario bloque justicialista y apoyada por la bancada radical y los partidos provinciales. El jefe del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, inició el debate y denunció que en la provincia norteña "hay un ejercicio discrecional del poder" por parte del matrimonio Juárez y solicitó, por esto, "un rápido tratamiento" del proyecto.
"El Poder Ejecutivo tuvo paciencia, y esperó mucho tiempo que la provincia resolviera su crisis institucional y así impedir la intervención, pero ya no se puede perder más tiempo, ya no hay Gobierno" afirmó.
El senador radical por Santiago del Estero, José Luis Zavalía, adelantó que la UCR aprobará la intervención y dijo que "siente verguenza" por la situación actual de la provincia que representa.
Minutos antes, la Cámara de Diputados dio media sanción a la intervención de la provincia manejada por el caudillo justicialista Carlos Juárez por 195 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
La iniciativa del ejecutivo fue aprobada por los diputados después de más de 8 horas de debate por 195 votos favorables y 15 en contra, luego de que el oficialismo rechazara en el recinto las modificaciones planteadas por la oposición en el debate en particular del proyecto. De esta manera, el Congreso se encaminaba a convertir en ley -luego de su paso inmediato por el Senado- el proyecto que faculta al gobierno a intervenir por 180 días la provincia de Santiago del Estero, con posibilidad de extender el mandato que tendrá el delegado federal hasta un año a partir de su designación.
Los fundamentos del proyecto de intervención federal aluden a la "violación sistemática por parte del poder provincial en ejercicio, de derechos y garantías resguardados por la Constitución federal, afectando ineludiblemente la vida republicana en sus principios fundamentales".
Si bien el proyecto cosechó un amplio respaldo del arco político, tanto los radicales, como el ARI, socialistas y provinciales expresaron sus disidencias con el proyecto oficial, porque pretenden que la prórroga de la intervención se realice con el consentimiento del Congreso y se establezca un artículo para que no afecte la autonomía municipal.
Por otro lado, diputados radicales y provinciales coincidieron en manifestar sus dudas en el recinto sobre el apuro del ejecutivo para impulsar en los últimos días la intervención a Santiago del Estero y plantearon su preocupación sobre si esa medida no está vinculada a la interna del justicialista.
Ese planteo fue rechazado por el titular del bloque de diputados del PJ, José María Diaz Bancalari, al advertir: "Sabemos distinguir claramente lo que es el Congreso partidario del Congreso de la Nación. Nosotros no salimos nunca antes del vencimiento de un mandato popular".
En tanto, los más fervientes opositores a la intervención fueron por un lado Adolfo Rodríguez Saá, quien advirtió que "no se puede juzgar a quiénes no han tenido el debido proceso" y el diputado juarista, Juan Domingo Pinto Bruchman, que defendió con firmeza la gestión de los Juárez.
Antes de su tratamiento en el recinto, el proyecto del ejecutivo recibió el dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Juan Manuel Urtubey, donde sólo se escuchó una voz opositora a la iniciativa de intervención, que fue la del santiagueño Pinto Bruchmann.
La sesión se inició a las 14.30 con un informe de Urtubey (PJ-Salta), quien fue el encargado de defender el pedido de intervención a la provincia de Santiago del Estero. Urtubey apuntó que la Cámara de Diputados tiene "el deber de intervenir para garantizar la forma republicana de gobierno" y explicó que no se había avanzado antes en una decisión porque una medida de tal envergadura, dijo, "no puede aparecer como algo inesperado, sino debe tener un marco de consenso como el que alcanzado en esta ocasión".
Por su parte, el radical Mario Negri aseguró que "distintas razones justifican, desde hace meses, una intervención federal que garantice las reglas de juego democráticas en esta provincia y los derechos y garantías de los santiagueños" y dijo que el ejecutivo "parece ser el último en darse cuenta de esta cuestión".
Negri se preguntó "qué sucedió de una semana a otra para enviar ahora el proyecto y si está resolviendo una problema de índole republicano en función de la interna del Justicialismo" y pidió que se establezca "claramente que el interventor no tendrá facultades para afectar la autonomía de los municipios".
Por su parte, el titular del bloque de diputados socialistas, Jorge Rivas, anticipó su voto favorable a la iniciativa, aunque cuestionó la "vaguedad" del proyecto del ejecutivo y sostuvo que "se le podrían imputar las mismas causales para intervenir la provincia de Buenos Aires".
"Qué diferencia a los Juárez de cualquier otro gobernador del NOA para no decidir una intervención colectiva", se preguntó Rivas en un enfático discurso, quien propuso convocar a una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución de Santiago del Estero "para establecer elecciones libres" en la provincia.
Rodríguez Saá, quien advirtió que "no podemos juzgar como culpables a quiénes no han tenido el debido proceso" y consideró que con esa medida "se arrasa con la voluntad popular del pueblo santiagueño con discursos generales". Rodríguez Saá consideró que "los fundamentos" del proyecto del ejecutivo "son absolutamente pobres" y sostuvo que "las cajas de las que hablan no las conoce nadie. El 99 por ciento de las intervenciones fueron un fracaso rotundo. Yo defiendo el federalismo".