La Cámara de Diputados avanzó en un endurecimiento de penas y controles para el comercio ilegal de telefonía móvil, en una medida que apunta a reducir los niveles de inseguridad al buscar restringir el uso de celulares en secuestros extorsivos.
La Cámara baja dio media sanción y remitió al Senado un proyecto en el que se crean registros de usuarios y se establecen penas de hasta seis años para aquellos que "dupliquen" celulares.
La iniciativa, tratada a partir de un dictamen conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Comunicaciones y Comercio, modifica un proyecto que tenía media sanción en el Senado.
Durante la sesión, los diputados aprobaron en general y en particular -por 156 votos favorables, 4 en contra y 10 abstenciones- el proyecto que limita la venta de aparatos celulares a empresas con licencia para operar en el mercado. La deliberación se inició con la elección de la Vicepresidencia Tercera de la Cámara baja, que quedó a cargo del Interbloque Federal, que ocupará la diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Encarnación Lozano, desplazando al interbloque Provincias Unidas, que lidera Adolfo Rodríguez Saá.
La iniciativa aprobada esta noche establece además que las empresas deberán elaborar un registro de usuarios que permita identificar al dueño del equipo y su domicilio y penaliza, además, la clonación de celulares, con prisión de 1 mes a 6 años, mientras que la pena será de 1 a 6 años de prisión si lo hace con fines de lucro.
El encargado de defender el proyecto en el recinto fue el diputado justicialista, Osvaldo Nemirovcsi, titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, quien sostuvo que la iniciativa "otorga a la justicia mayores elementos para combatir el delito cometido con utilización de la telefonía celular y ataca a los generadores de la clonación".
El proyecto, que llegó del Senado en revisión donde fue aprobado por amplia mayoría, recibió en Diputados varias modificaciones y, por ello, volverá a la cámara alta que deberá analizar ahora si acepta los cambios realizados.
El titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Horacio Pernasetti, respaldó la iniciativa, aunque anticipó que esa bancada presentará un pedido de informes para que la CNC "cumpla su cometido" de regular el mercado de telefonía celular.
A través de la iniciativa, las compañías tendrán que informar diariamente a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) los datos de aparatos robados y se prohibe además la activación de equipos que hubieran sido reportados como robados o extraviados. Por otra parte, el proyecto establece que la policía podrá "a toda hora y todos los días del año consultar a las empresas sobre la base de datos de aparatos robados".
En tanto, los clientes que hayan importado su equipo para uso personal deberán presentar los permisos aduaneros al habilitar el aparato, mientras que aquellos que posean equipos robados podrán ser penados con prisión de 6 meses a 3 años, "siempre y cuando se pruebe que conocía su origen ilegal".
