"Aumentar penas como solución para un problema que tiene gravedad institucional y donde estamos encontrando a uno de cada cien delincuentes denunciados, no sirve. Primero atrapémoslos y después veamos las penas. Nos faltan 99 de cada cien, que andan sueltos", expresó Ibarra.

La dirigente del Frente Grande coincidió, en tanto, en la posibilidad de instrumentar un "régimen penal juvenil" que contemple a los menores de entre 14 y 18 años, "con todos los derechos que establecen las convenciones internacionales, con instituciones especializadas y con equipos interdisciplinarios".

Ibarra se pronunció contra el aumento de penas como una propuesta aislada, al advertir que el Código Penal "tiene una escala y proporciones", y consideró que resulta prioritario resolver el aspecto institucional de lograr detener a los autores de los delitos. En ese marco, destacó el reciente plan lanzado por el Gobierno para combatir el delito porque, desde su óptica, es "prudente" y contiene "medidas a corto, a mediano y a largo plazo".

Por su lado, la diputada justicialista Hilda "Chiche" González de Duhalde señaló que una ley "no basta" para solucionar el problema de la delincuencia juvenil, y reclamó que se implemente "un régimen integral de protección a los derechos" de los menores. La legisladora justicialista afirmó que apoyará el proyecto de reducir la edad de imputabilidad penal de los menores "siempre que vaya acompañada de un régimen integral de protección de los derechos del niño y el adolescente" porque "no basta una ley".

"Chiche" Duhalde indicó que entre las propuestas contenidas en el Plan de Seguridad anunciado por el Gobierno nacional "se detalla la de bajar la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años, como si con esa simple medida se solucionara la difícil situación de muchos niños y su vinculación con el delito".

La ex primera dama dijo que observa "con preocupación" que "muchos dirigentes políticos, sociales, sindicales o empresariales se expresan en forma espasmódica con pronósticos y propuestas que se circunscriben al aquí y ahora".

Volviendo a Ibarra, la senadora apuntó que hasta ahora las respuestas oficiales a los problemas de seguridad eran "espasmódicas", con planteos aislados de "aumento de penas o aumento de 500 efectivos en la calle", pero no había existido un programa general y abarcativo.

En ese sentido, consideró que el problema es más amplio porque "la gente teme que la Policía esté en connivencia con los delincuentes, la Justicia está también sospechada y desbordada, y en el Servicio Penitenciario, a veces se trabaja delincuencialmente, donde los reclusos compran sus informes para salir en libertad".