Asimismo, detalló que, si bien la iniciativa plantea una rebaja en la imputabilidad de los menores (uno de los reclamos efectuados por Juan Carlos Blumberg), el nuevo sistema establece "un régimen gradual de las penas" y una "atenuación" de las mismas.

En ese sentido, comentó que las penalidades se dividen en franjas etareas entre "los 14 y 15 años", para quienes sólo serán punibles para delitos mínimos de 5 años "homicidio, violación o robo con arma en banda" y de "16 y 17 años", para delitos con penas mínimas de 2 años y una "pena máxima a cumplir de 9 años, lejos de la perpetua que ahora es de 25 años".

El funcionario hizo estas precisiones durante el seminario sobre "Régimen penal de menores", organizado por la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta, que preside la justicialista salteña Sonia Escudero.

La intención del anteproyecto del gobierno es avanzar en "un regimen más justo para el chico y para la sociedad" y que permita acceder a los menores a "garantías y defensa" que en la actualidad por la normativa vigente impide, según señaló.

"El carácter del régimen vigente es tan perverso que el chico de 16 a 18, a quien se le imputa un hecho delictivo, si el juez considera que tiene problema de conducta puede poner en una institución hasta los 21 años", remarcó Ortiz de Rozas, quien añadió que en estos momentos "no hay relación entre la falta y el tiempo de privación de la libertad" que se les impone a los menores.

No obstante, admitió que el tema de minoridad y seguridad "no se resuelve con una ley declarativa" y destacó que el Ejecutivo plantea en su proyecto "elementos" para establecer "un marco general de principios y garantías ajustados a la Convención del Niño".

Del debate, que finaliza el martes próximo, participaron entre otros el ex camarista y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, el ex representante de UNICEF en Argentina Emilio García Méndez, y el integrante del Tribunal Oral Criminal número 20 Luis Niño.

Al respecto, Gil Lavedra señaló que "el actual régimen legal como está establecido no es compatible con los convenios sobre los Derechos del Niño y tampoco se condice con otras disposiciones en materia internacional".

Por lo cual, se pronunció a favor de un nuevo sistema que permita a los menores contar "con los los principios básicos del derecho liberal", como por ejemplo el derecho a "ser escuchado" por el juez y el derecho a "legítima defensa" y que los ponga "en paridad de derechos respecto a los adultos".