La segunda marcha encabezada por Juan Carlos Blumberg tuvo nuevamente efectos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apresuró en comisión la aprobación de restricciones a la libertad condicional y las dejó listas para ser votadas mañana.
El jefe de la bancada justicialista, José María Díaz Bancalari, dijo que la intención es tratar hoy mismo en la sesión los tres proyectos firmados en la Comisión de Legislación Penal.
La primera modificación, ya resuelta en el Senado, fija un mínimo de 35 años para el otorgamiento de la libertad condicional para los culpables de homicidio en confluencia con otro delito, violación y secuestro seguido de muerte. Los diputados, en realidad, subieron 15 años al mínimo previsto por los senadores.
Los integrantes de Legislación Penal también aprobaron un sistema de sumatoria de penas para los delincuentes, con un tope de 50 años.
La modificación es un cambio fundamental para la filosofía que hasta el presente rigió el Código. La propuesta inicial, de la diputada Pérez, era sin máximo e imitaba el sistema norteamericano.
Pero el Justicialismo acordó con la legisladora fijar un tope, que quedó en los 50 años porque es la mayor pena prevista por el Código, en el artículo donde prevé castigos para los delitos de sedición contra la Democracia.
El tercero de los proyectos aprobados hoy en la comisión establece la reclusión o prisión perpetua para la violación seguida de muerte.
La reunión de Legislación Penal fue la primera después del reto público de Blumberg, quien en la protesta frente a tribunales acusó a sus integrantes de demorar los proyectos que quiere ver convertidos en ley.
Ayer, la mayoría de los diputados llegó puntual al encuentro y quienes se oponen a la teoría del aumento de penas eligieron el silencio.
La discusión estuvo conducida por los diputados que consideran el endurecimiento de penas una solución para la inseguridad, un grupo donde coinciden justicialistas como Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, la riquista Mirta Pérez y el pierrista Hugo Franco.
"Me siento muy bien y también con el apoyo del bloque justicialista", dijo Pérez contenta.
Los diputados que se oponen a la lógica de la "mano dura", como la justicialista María del Carmen Falbo, la arista Laura Mussa o la socialista María Elena Barbagelata, prefirieron esquivar la polémica y mantenerse callados. El único que cruzó los argumentos mayoritarios fue el radical Víctor Fayad, quien con cierta ironía preguntó cuál era el criterio elegido para la elección de los 50 años como máximo para la suma de penas. "La lógica", respondió Pérez, sin encontrar a mano argumentos legales.
La ayudó el jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, quien hizo referencia a la búsqueda de "un criterio armónico dentro del Código Penal", aunque de todas formas mostró un flanco débil de la propuesta.