La Cámara de Diputados votó un paquete de proyectos que modifican sustancialmente el Código Penal al incrementar las condenas hasta los 50 años, elevar a 35 años la reclusión o prisión perpetua por delitos aberrantes y fijar nuevas condiciones para lograr la libertad condicional. Ahora, el trámite continuará en el Senado.
Con el voto favorable de 168 diputados (hubo 38 en contra y 3 abstenciones), la Cámara baja cumplió a tambor batiente con la voluntad de Juan Carlos Blumberg, presente a la hora de la votación. Y cerca de la medianoche el paquete fue aprobado en general y en particular.
El justicialismo fundamentó a través de Guillermo Johnson, ex juez de Córdoba, y el radicalismo, que compartió algunos puntos y se opuso a otros, lo hizo por medio del diputado misionero Hernán Damiani, titular de la Comisión de Legislación Penal, y Luis Molinari Romero.
En las filas justicialistas la duhaldista María del Carmen Falbo planteó sus disidencias e incluso aportó la información de que 64 profesores de derecho penal de la UBA se oponen a estas leyes.
Senadores y diputados a toda orquesta
Tras contar los porotos partidarios y de los aliados de siempre, Eduardo Camaño y José María Díaz Bancalari apostaron fuerte y se dieron el gusto de sancionar una de las leyes del controvertido Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 de Néstor Kirchner.
Claro que las propuestas escogidas fueron aquellas que en general no ofrecían resistencia, salvo detalles puntuales. En cambio, donde ya se visualiza un largo andar legislativo es con la baja de imputabilidad a los menores y el juicio por jurados, entre otros.
Para cristalizar de la sesión el oficialismo tuvo que resignar la incorporación del artículo 14 bis al Código Penal que planteaba la prisión perpetua de cumplimiento efectivo para condenados por delitos aberrantes.
La presión en el propio bloque del PJ, más la de la oposición, donde enfatizaron que la propuesta es inconstitucional pues contradice los pactos internacionales que sostienen que las cárceles son para resocializar y no para castigo, decidieron dejar de lado la cuestionada incorporación al Código Penal. Y para satisfacer la demanda de las fuerzas de centroizquierda y los transversales, todo en función de contar con un tablero electrónico sin sorpresas, votaron el pago de indemnizaciones para los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. Una de cal y otra de arena.
Esas concesiones abrieron las puertas del recinto para aprobar el proyecto que establece reclusión perpetua para los casos de violaciones seguidas de muerte y los que suman las penas hasta un límite de 50 años, y el que establece a los condenados por delitos aberrantes un piso mínimo de 35 años para acceder a la libertad condicional, iniciativas urdidas intelectualmente por Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, entre otros, quienes no se cansaron de expresar su alegría por este gesto, lógicamente respaldados desde la bandeja por Blumberg.
Con el voto favorable de 168 diputados, 38 en contra y 3 abstenciones las normas marcharon rumbo al Senado para su tratamiento en el menor tiempo posible de acuerdo con la promesa de Miguel Angel Pichetto.
Durante la votación, el radicalismo jugó a través de Mario Negri a regodearse con las contradicciones del oficialismo sobre la interpretación sobre los dos tercios para tratar un proyecto sobre tablas. Claro que nada dijo sobre las razones de porqué cambió de actitud su bloque, que el día anterior se levantó de sus bancas porque no podían ser cómplices de abordar modificaciones al Código Penal “con la seriedad que requiere”.
El mismo argumento de los socialistas expresado por Jorge Rivas, quienes estuvieron en sus bancas al igual que el resto de los que el miércoles habían dejado sin quórum la sesión.
Entre las voces peronistas tendientes a aceptar disciplinadamente la orden superior -o tal vez por haber acordado antes- se distinguió la de María del Carmen Falbo, al plantear sus disidencias y la necesidad de mejorar el texto. En esa misma línea de pensamiento se ubicaron los radicales Luis Molinari Romero y Hernán Damiani, entre otros integrantes de esa bancada. En el caso de Molinari Romero apoyado por frases rimbombantes como sostener que “no es éste el camino que dignifica al Parlamento argentino”, aunque no se quedó atrás el presidente de la bancada peronista, José María Díaz Bancalari al afirmar “que lo peor que podemos hacer es no hacer nada”.
Donde también estallaron las divergencias, como era de prever, fue en el interbloque Provincias Unidas que preside Adolfo Rodríguez Saá. La frase de su compañera de bancada, la pierrista Mirta Pérez, de que los diputados que se oponen a estos proyectos “viven en una nube de pedos”, disgustó sobremanera a sus colegas Inés Pérez Suárez e Isabel Artola, quienes decidieron no votar el endurecimiento de las penas.
“Sé claramente que el miedo, si se combina con dificultades económicas, puede generar situaciones pre-fascistas”, dijo el radical Aldo Neri. Una interpretación que empieza a circular en algunos ámbitos sobre lo que puede devenir para el futuro nacional, aunque para algunos legisladores consultados por Parlamentario tras la sesión, la advertencia de Neri sonó tremendista.
Y mucho más para la cúpula del PJ, que discretamente festejó el éxito alcanzado en la sesión especial. Con mayor razón un día jueves, al margen de que determinados artículos del Código Penal mutan en forma permanente, tal cual lo dijo el diputado radical, Víctor Fayad, quien recordó que desde 1983 se aprobaron 283 leyes penales, y pese a ello la inseguridad ha crecido.