El proyecto, que establece la modificación del artículo 55 del Código Penal para sumar las penas de los delitos (hasta un máximo de 50 años), es impulsado por el bloque peronista y su tratamiento fue acordado en la sesión del pasado miércoles.

Ese día, el radicalismo y los autodenominados "transversales" no facilitaron sus votos para habilitar el debate sobre este proyecto y consiguieron postergarlo por una semana.

Previamente, en una reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, prevista para este martes, se emitirá el dictamen que respetaría la redacción enviada por la Cámara de Diputados.

Con esta sanción, el Congreso completará la sanción de proyectos propios referidos al tema seguridad y esperará el ingreso de las iniciativas que el Poder Ejecutivo envíe en el marco del Plan Integral de Seguridad.

A su vez, se buscará emitir dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales sobre dos proyectos que introducen modificaciones al Código Penal para evitar la excarcelación de los funcionarios públicos que cometan delitos.

Sobre estos dos proyectos, elaborados por los radicales Luis Falcó y Juan Carlos Marino, el mayoritario bloque peronista anticipó que los acompañará, aunque respetará los plazos reglamentarios.

Por esto, el próximo martes se firmarían los dictámenes y recién dentro de 10 días el tema se aprobaría en el recinto.

Los proyectos fijan una pena mínima de cuatro años e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración le haya sido confiada por la razón de su cargo o para el que empleare en provecho propio o de un tercero, servicios o trabajos pagados por una administración pública. También establecen una pena mínima de cuatro años para quien no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta.

Además, el proyecto de Marino aumenta también a cuatro años las penas mínimas contempladas en otros cuatro artículos del Código Penal que se refieren a las dádivas.

Actualmente, los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen una pena mínima de dos años, por lo que cuenta con el beneficio de la excarcelación, previsto para aquellos condenados cuya pena no supere los tres años.