Si el proyecto es aprobado la semana que viene en la Cámara de senadores, las comunas recuperarán la potestad de cobrar una tasa a las empresas privatizadas para sacar provecho del espacio que utilicen.

La modificación del artículo 39 de la Ley 19.798 Permitirá que los municipios y provincias puedan cobrar un impuesto a la empresas telefónicas que hasta el momento no cumplían con este requisito que establece la norma que todavía está en vigencia.

En 2001, el Congreso Nacional aprobó una modificación a la ley que obligaba a las empresas telefónicas a pagar un canon del dos por ciento de la facturación del distrito para el uso del espacio, que finalmente fue vetada por el ex presidente Fernando de la Rúa. En esta nueva iniciativa no fija ningún parámetro para establecer el monto del impuesto que quedará a libertad de la negociación entre el municipio respectivo y las empresas privatizadas.

Este beneficio que se extendió por más de una década formó parte de las condiciones que se establecieron en los pliegos de licitación de las empresas de servicios públicos que se refieren a las comunicaciones.

La Cámara baja había votado hace tres años un proyecto que establecía una tasa del 2 por ciento para que las telefónicas paguen un tributo por el uso de ese cableado, pero el gobierno de la Alianza vetó esta iniciativa que ha sido siempre rechazada por las concesionarias de ese servicio público.

El proyecto, con dictamen de la comisión de Comunicaciones -que conduce el kirchnerista Osvaldo Nemirosvci-, está basado en una iniciativa de la santafesina Irma Foressi, que fue respaldado con su firma por el presidente del bloque de diputados del justicialismo, José Díaz Bancalari. Sin embargo, y a diferencia del texto votado hace tres años, los diputados no establecieron una tasa sino que derogan la exención que tienen las empresas telefónicas de abonar un tributo por el uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo.

Justamente Díaz Bancalari aclaró que no hay posibilidad de que el cargo por el pago a las comunas se traslade a los usuarios mediante las facturas telefónicas, en respuesta a varios diputados que plantearon esas dudas.

Por otra parte, los diputados aprobaron un pedido de preferencia para que se traten las iniciativas impulsadas por la oposición que piden la presencia del ministro de Planificación, Julio De Vido, para dar explicaciones en materia energética y en torno de la construcción del gasoducto del Noroeste Argentino (GNA). Asimismo, se aprobó dar preferencia en la próxima sesión, y por pedido de la UCR, al tratamiento del marco general regulatorio de servicios públicos, la iniciativa que declara la emergencia eléctrica y el marco regulatorio del gas licuado, que contempla la comercialización de la denominada tarifa social.

Otro de los proyectos aprobados esta noche establece otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, en base a un proyecto de la diputada del ARI, Marcela Rodríguez.