El plan energético anunciado por el presidente Néstor Kirchner generó objeciones y apoyos en las distintas fuerzas del arco político nacional, donde hubo desde críticas por una supuesta "improvisación" en el lanzamiento de esas medidas hasta respaldos a la orientación de la iniciativa.
El ARI, la fuerza política que lidera Elisa Carrió, advirtió por su parte que el plan energético es "insuficiente" para hacer frente a la crisis de ese sector y propuso medidas como la fijación de un precio máximo de 18 pesos para la garrafa de gas.
En una conferencia de prensa efectuada en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, pidió que se declare en estado de emergencia al sector energético y reclamó que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, detalle el plan ante el Parlamento. En la oportunidad, el legislador anticipó que el ARI presentó un proyecto para "declarar en emergencia de la producción, fraccionamiento y distribución del gas licuado en todo el territorio nacional", que establece un precio único de valor máximo para las garrafas.
Se trata de un proyecto que contempla la implementación de la llamada "garrafa social" de 10 kilogramos con un precio de 18 pesos y su distribución en todos los circuitos habituales de comercialización que beneficiará a 4,5 millones de usuarios.
Los diputados reiteraron que consultarán a De Vido sobre el acuerdo para la construcción del Gasoducto del Noroeste (GNA), en base a un pedido de legisladores de la oposición, quienes solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, que arbitre los medidas necesarias a fin de citar al ministro.
En contrapartida con esas críticas, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mércuri, respaldó el Plan de Energía al considerar que "es racional" porque "promueve inversiones y garantiza el abastecimiento doméstico interno".
"Es importante que las empresas entiendan que deben invertir en mejoras para el sector, porque no puede ser que siempre el esfuerzo lo haga el usuario", destacó Mércuri.
Otro que se pronunció en contra fue el senador radical Rodolfo Terragno, para quien la creación de la empresa estatal de energía es la "más patética confesión de incapacidad" por parte del gobierno de Néstor Kirchner. "Es la más patética confesión de incapacidad. El Estado tiene la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía tiene el poder de policía, o sea, tiene todas las herramientas para controlar", afirmó el legislador.
Terragno explicó, además, que "el Gobierno dice que lo extorsionan, pero hace falta ser muy incompetente para que a uno puedan extorsionarlo cuando uno tiene el poder". Indicó también que es "muy ingenuo para creer que uno contra-extorsiona creando una empresa sin capital".
A su vez, el vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Pedro Salvatori, aprobó la creación de la empresa, al resaltar que el Estado "no debe ni puede estar ausente en la toma de decisiones" en ese sector. Salvatori -que es senador por el Movimiento Popular Neuquino- destacó que la flamante compañía pública -uno de los puntos centrales del Plan Nacional de Energía que presentó el Gobierno- "está orientada a recomponer el nivel de reservas de gas".
El legislador sostuvo además que dentro del paquete accionario de Enarsa, "las provincias tendrán el 12 por ciento del capital, que se va a distribuir entre las productoras y las no productoras de hidrocarburos. Y un 35 por ciento se ofrecerá a la Bolsa de Comercio, donde nos vamos a dar cuenta si existe interés del sector privado" por esta empresa estatal.