El Poder Ejecutivo giró al Senado seis de los catorce proyectos que integran el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia diseñado por el gobierno de Néstor Kirchner para combatir el delito en todo el país.
Los proyectos, que modifican los códigos Penal y de Procedimiento Penal, fueron girados para su estudio a la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el radical Jorge Agúndez. Según estimaron autoridades del bloque justicialista, los proyectos podrían ser incluidos en el temario de la reunión de comisión prevista para hoy a las 15; y en caso de que no tengan disidencias se sumarían a la agenda de la sesión del miércoles.
Las iniciativas apuntan a definir mas exactamente el concepto de asociación ilícita, restringir la eximición de prisión y la excarcelación, tipificar el delito de vaciamiento de empresas y extender la figura del arrepentido a todos los delitos. Además, hay dos proyectos que buscan agilizar y descomprimir los juzgados federales correccionales y de instrucción.
Las propuestas serán estudiadas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y recién serán llevadas al recinto cuando se expida la comisión, según adelantó hoy el jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto.
El Congreso ya votó varias leyes vinculadas con la seguridad que estaban incluídas en el petitorio presentado por Juan Carlos Blumberg y que contemplan modificaciones al Código Penal y aumentan el piso para acceder a la libertad condicional, entre otras cuestiones. Sin embargo, el proyecto de sumatoria de penas incluído en el petitorio de Blumberg que tiene media sanción de Diputados- podría convertirse en ley esta misma semana, luego de que el miércoles pasado el justicialismo fracasara en su intención de debatir sobre tablas la iniciativa.
El envío de los proyectos había sido anticipado la semana pasada por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien concurrió al Senado y confirmó que el gobierno nacional enviaría al Parlamento 14 iniciativas contra la inseguridad que estaban, dijo, a la firma del Presidente.
Uno de los proyectos, que modifica el artículo 210 del Código Penal, apunta a definir el concepto de asociación ilícita y aumenta las penas para sus integrantes y los jefes de las bandas.
Para los integrantes, la pena será de 3 años y seis meses de prisión a 10 años, mientras que los jefes tendrán un castigo de 10 a 15 años.
La ley alcanza a la asociación ilícita "destinada a ejecutar planes delictivos indeterminados cualquiera sea el bien jurídico afectado", es decir, cualquier delito tipificado en el Código Penal.
Otra iniciativa, que cambia el articulo 319 del Código Procesal Penal, restringe la eximición de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial.
Según el texto del proyecto los imputados deberán cumplir varios requisitos antes de solicitar al juez la excarcelación o la eximición de prisión.
Para que los magistrados le concedan estos beneficios los imputados deberán probar que, una vez puestos en libertad, no tendrán intenciones de fugarse ni entorpecer el juicio.
Además, el Poder Ejecutivo envío al parlamento una ley que tipifica penalmente el delito de "vaciamiento de empresas".
La norma modifica el artículo 301 del Código Penal y establece una pena de 1 a 6 años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores que sean parte de este tipo de maniobras.
Antes, la pena era de seis meses a dos años de prisión, por lo que, en este caso, los castigos aumentan significativamente.
En el caso de emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena, según la propuesta, se elevará a 8 años.
Asimismo, ingresó al Senado otra ley que extiende la figura del arrepentido a todos los delitos, ya que antes esta figura solo regia para los casos de secuestros extorsivos, terrorismo y narcotráfico.
La norma establece la "creación del programa nacional de protección a testigos e imputados, destinado a las personas en situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal".
El proyecto, que modifica el articulo 41 del Código Penal, premia con una reducción de un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, a los que durante la substanciación del proceso aporten información esencial que contribuya frenar la consumación o continuación del delito.
Si la información permite acreditar la existencia de la asociación ilícita, desbaratar sus actividades o demostrar la intervención de alguno de sus miembros, el arrepentido tendrá la posibilidad que se le aplique solo el mínimo del castigo.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo envío dos proyectos al parlamento que buscan descomprimir los juzgados federales.
Uno de ellos intenta agilizar el proceso judicial en los casos en que el delincuente sea descubierto cometiendo el delito.
El otro, solo para los delitos menores, apunta a suspender la acción penal mediante una reparación económica.