La iniciativa prevé que ese precio tope debería extenderse "en todo el territorio" argentino y faculta a los municipios a confiscar el producto en aquellos comercios que violen ese techo para luego vender la garrafa al precio fijado.

El proyecto lleva la firma de los diputados Carlos Ruckauf, Daniel Basile, Luis Cicogna, Juan Sluga y Silvia Martínez, por la provincia de Buenos Aires; Angel Baltuzzi, por Santa Fe; Manuel Baladrón por La Pampa, y Roddy Ingram por Chubut. De acuerdo con estos legisladores, "la suma recaudada" por los municipios por la venta de productos confiscados será imputada a una cuenta especial a orden del ENARGAS a fin de que se lo use como parte de las sanciones que la ley le autoriza a aplicar a las empresas proveedoras del servicio".

Entre los fundamentos del proyecto, los diputados justicialistas consideraron que es "prioritario" atender las necesidades "de los sectores de menores recursos" en medio de los "aumentos desmesurados" que se registran en ese sector.