El Gobierno envió al Senado un proyecto para delegar a las justicias provinciales la facultad de actuar en los delitos de comercialización, fabricación, distribución y tenencia de estupefacientes, que se encuadran en la órbita federal.
El proyecto modifica la ley 23.737 y exceptúa del traslado a los delitos vinculados con el narcotráfico internacional de estupefacientes y sustancias prohibidas, que seguirán bajo la competencia de la Justicia Federal.
El proyecto deja en el ámbito de la justicia federal las causas de narcotráfico y deriva a los tribunales provinciales y de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires los delitos menores relacionados con estupefacientes. Concretamente, a partir de la modificación de la ley 23.737 (de estupefacientes) se propone el cambio de competencias, enumerando los delitos que a partir de la sanción pasarían a la órbita de las jurisdicciones locales.
La iniciativa lleva la firma del presidente Néstor Kirchner; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Justicia, Gustavo Beliz y la próxima semana comenzará a ser analizada en Comisión, según adelantaron voceros del mayoritario bloque justicialista.
En relación a los delitos que seguirán siendo competencia de la justicia federal, el Poder Ejecutivo menciona a "los vinculados con el tráfico ilícito o tráfico delictivo".
"El tráfico de estupefacientes de manera organizada supera las fronteras de los países, corrompe las estructuras de los gobiernos y de la actividad comercial privada a partir de la legitimación de los activos producto del delito", explica en los fundamentos. Agrega que "el resto de las figuras típicas que se relacionan con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que pudieran lesionar el físico o la moral de los habitantes, que importen un menoscabo en el bien jurídico protegido: 'salud publica', son ajenas al derecho federal, por lo tanto deben ser competencia de jurisdicciones locales".
"Los jueces penales locales de las provincias poseen mayor inmediatez con la conducta ilícita motivo de investigación, como también con los auxiliares de la justicia que actúan en la misma, lo cual los coloca en mejor situación que sus pares de la justicia federal, otorgando mayor agilidad y eficacia a las respectivas causas", señala el proyecto oficial.
