Con el apoyo del justicialismo y la negativa del radicalismo, el Senado aprobó también el proyecto de ley que reduce de 17 a 9 los grados que tendrá el escalafón policial, además de crear el Registro de Detenidos y una base de datos sobre el crimen organizado en la provincia de Buenos Aires.

La nueva fuerza, denominada Policía Buenos Aires 2, pasará a integrar el sistema provincial de seguridad pública, aunque su actuación estará acotada a los partidos que componen el Gran Buenos Aires.

Será una fuerza "de carácter profesional y apta para actuar en conjunto con las demás policías de la provincia y con las fuerzas federales de seguridad" y tendrá un jefe diferente al de la Policía Bonaerense.

El proyecto estableció puntualmente que esta nueva fuerza será exclusivamente para tareas de prevención y represión de delito, por lo que le está vedado realizar tareas de custodia de objetivos fijos y personas y no albergará detenidos en sus dependencias. También prohíbe que los efectivos que la integren realicen notificaciones judiciales o tareas administrativas ajenas al funcionamiento del cuerpo policial.

Sin embargo, dejó a criterio del titular de la cartera de Seguridad la cantidad de estaciones policiales a crearse para que tenga su asiento físico, como así también la distribución de los efectivos en los partidos en que actuará.

El Senado aprobó además el proyecto de ley que crea el Registro de Personas Detenidas, que estará bajo jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y en el que constarán los datos y las condiciones de detención de una persona dispuesta por un órgano judicial.

Además, se aprobó la nueva ley de Personal de las Policías que redujo de 17 a 9 los grados del escalafón policial y que establece un mecanismo de ascensos en base a las aptitudes de los efectivos policiales y no a su antiguedad como regía actualmente. También se giró a Diputados para su tratamiento el proyecto que crea una base de datos sobre el crimen organizado en la provincia de Buenos Aires y que concentrará toda la información relativa a la inteligencia policial para la prevención del delito.

La iniciativa crea también un servicio específico destinado a la custodia de objetivos fijos, personas y traslados de detenidos y prohíbe expresamente que personal que no esté asignado a ese cuerpo pueda cumplir esas tareas.

En tanto, los otros proyectos de ley que incluía el paquete de seguridad elaborado por el titular de esa cartera, León Arslanián, podrían ser tratados la semana próxima, según adelantaron voceros legislativos.

Entre ellos están el que crea la Policía Municipal para los distritos de menos de 70 mil habitantes y el que establece el funcionamiento y las facultades de los Foros de Seguridad, proyectos para los que los intendentes justicialistas pidieron modificaciones.

Es que los jefes comunales pretenden que la policía municipal sea por adhesión y no en forma compulsiva como lo establece el proyecto y además reclamaron que se determine con claridad el funcionamiento y conformación de los Foros y sus atribuciones.

Sin embargo, el gobierno bonaerense ratificó hoy que mantendrá el proyecto original sobre la policía comunitaria que será de carácter obligatoria para comunas de menos de 70 mil habitantes con la elección directa de los comisarios y de los titulares de los foros de seguridad.

Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense reiteraron que tanto el gobernador Felipe Solá como el ministro Arlsanián resolvieron sostener el proyecto original sobre la policía comunitaria y ofrecerle a los municipios de más de 70 mil habitantes si desean adherir.

La obligatoriedad o no de la policía municipal y el pedido de los intendentes de ser ellos quienes designen a los comisarios en lugar de los Foros de Seguridad generó hoy polémica entre el ministro Arslanián y el jefe comunal de Dolores, Alfredo Meckievi.

Arslanián defendió el proyecto de policía comunitaria y obligatoria para los pueblos de menos de 70 mil personas y la elección directa del comisario en esos distritos al afirmar que algunos jefes comunales "temen la participación popular".

"Habrá que entender que hay la necesidad de abrir espacios y proveer y facilitar procesos de discusión e intervención de la gente", remarcó.