El presidente Néstor Kirchner firmó el proyecto de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, destinado a poner en caja las finanzas provinciales y que desplazó del centro del debate a una nueva ley de coparticipación.
El Senado recibió a última hora de la tarde de ayer el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el senador justicialista Jorge Capitanich (Chaco). Esta comisión es la misma que deberá analizar la ley de Coparticipación Fiscal, una norma reclamada por el FMI y que en los últimos días enfrentó al presidente Néstor Kirchner, con el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá.
Pero, la Responsabilidad Fiscal reemplaza por el momento a la Copartipación Federal, cuyo debate apunta a que durara más tiempo de lo esperado. Por este motivo, el Poder Ejecutivo instó a los legisladores a que apruebe esta normativa y aceptó postergar, por el momento, el análisis la copartipación.
La aprobación de la iniciativa es uno de los puntos incluidos en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que serán objeto de la tercera revisión de las metas por parte de la misión que inició hoy su tarea en Buenos Aires. La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en la Casa de Gobierno, tras reunirse con el jefe de Estado, en un encuentro que contó con la presencia de los secretarios Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y de Coordinación Económica de la cartera de Hacienda, Leonardo Madcur.
La iniciativa establece límites al incremento del gasto primario al vincularlo a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), pero además fija un tope para el endeudamiento que no podrá superar el 15 por ciento de los recursos corrientes netos.
En conferencia de prensa, Lavagna confirmó el envío "inmediato" del proyecto vía Senado, siguiendo la lógica de la Ley de Coparticipación Federal.
En el marco de la ley se impulsa la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como órgano de aplicación, que tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires y estará integrado por los ministros de Economía de la Nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El titular de la cartera económica remarcó que existe "consenso" en las provincias para la aprobación de la ley y consideró que no cree que vaya haber problema de orden global para la aprobación de esta ley.
Lavagna aseguró: "creemos que están dadas las condiciones y el consenso como para que esta ley sea aprobada rápidamente",
El jefe del equipo económico agregó que "es la primera vez que las normas de transparencia, de equilibrio financiero y de solvencia fiscal se plantean como un objetivo conjunto para la Nación y para las provincias".
Aclaró que "la experiencia de estos últimos años indica el enorme beneficio de una administración ordenado en los estados nacional y provinciales, para no estar dependiendo de pedir prestamos al exterior o en el caso de las provincias a la Nación".
Luego aclaró que las provincias "son invitadas a participar que como se hizo dentro del Programa de Financiamiento Ordenado los congresos provinciales tienen que ratificar esta Ley".
En ese sentido, aclaró que "mal podría de acuerdo a la Constitución, el Estado aplicar sanciones en el caso que no se cumpla con lo pactado".
Al respecto, Lavagna dio precisiones acerca del ítem referido a las sanciones para el supuesto incumplimiento de las obligaciones establecidas".
Lavagna dijo que "primero habrá divulgación de los incumplimientos, en paginas web, con transparencia, después restringir el derecho a voto de la provincia que estuviera en esta situación dentro del Consejo".
También se va a "limitar el otorgamiento de avales y garantías que el gobierno nacional está en condiciones de dar, denegando la autorización de un nuevo endeudamiento y distintas limitaciones a la transferencia de recursos a las provincias".
La iniciativa debe entrar en vigencia el 1 de enero de 2005 y tiene "por objetivo central establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública", indicó el ministro.
Señaló que esta propuesta permitirá "trabajar en forma conjunta entre Nación y Provincias incorporando las proyecciones de los presupuestos plurianuales, informaciones trimestrales de ejecuciones presupuestarias, parámetros para calcular la eficiencia en materia de recaudacón y gastos públicos, entre otras medidas".
Lavagna precisó, además, que el capítulo referido al Gasto Público se establece que "el aumento nominal del gasto no debe superar el aumento nominal del Producto Bruto".
En el capítulo referido a Ingresos Brutos dijo que, básicamente, "lo que se hace es indicar como debe introducirse dentro del presupuesto cualquier modificación de la política tributaria".
En el plano financiero, el ministro dijo que "se establece el objetivo del equilibrio. Que tiene que transformarse en superávit financiero en aquellas jurisdicciones donde el monto de la deuda pese de manera muy fuerte del Presupuesto".
Para el ministro, "la única manera de manejarse en el mediano plazo es ir reduciendo los montos totales de deuda y en aquellos casos de provincias y de la Nación donde el peso de los intereses de la deuda sobre el Presupuesto supere el 15 por ciento, allí el objetivo no es el equilibrio financiero sino el superávit financiero primario, para poder ir bajando la deuda".
