El Senado aprobó en general la Ley federal de Responsabilidad Fiscal, una norma pedida con énfasis por el Gobierno para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le exigió al país la aprobación de la ley como parte de los compromisos asumidos en la última carta de intención.
El proyecto en general cosechó 40 votos a favor, 17 en contra y una abstención del senador radical disidente Rodolfo Terragno, por lo que el cuerpo se disponía ahora a discutir la iniciativa en particular.
El PJ tuvo que trabajar intensamente, desde la Casa de Gobierno y desde la conducción del bloque oficialista, para lograr el número necesario para dar media sanción a la ley, lo que estaría asegurado hasta el momento, aunque varios legisladores presentaron objeciones en particular. Estos reparos ponen en duda la aprobación de la iniciativa en particular, un paso necesario para que la ley sea girada a la Cámara de Diputados.
Según la iniciativa, las provincias no podrán aumentar el gasto provincial por sobre el incremento del PBI, estimado para el año que viene en un 6 por ciento por el Ministerio de Economía. Sin embargo, entre los cambios de último momento aceptados por el Gobierno, esta la posibilidad de que las provincias manejen por fuera de la ley los impuestos propios que recauden, al momento de presentar sus gastos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, destacó que la norma tiene dos objetivos claves: regular el comportamiento macrofiscal de las provincias, y crear reglas y normas de transparencia en la gestión pública.
"Es muy importante para ser un país serio, normal, con solvencia fiscal, esta ley" aseguró el chaqueño, al momento de defender el proyecto diseñado por el Ministerio de Economía.
El senador radical Ernesto Sanz (Mendoza), en tanto, criticó la propuesta y señaló que se está desnaturalizando el debate Nación-provincias". Sanz reclamó, además, que se discuta una nueva ley de Coparticipación Fiscal y no "una ley accesoria".
"El Gobierno quiere mantener un sistema que perpetúa el dominio de la Nación sobre las provincias. Abandonó la idea de lograr una verdadera ley de coparticipación, y quiere esta ley", agregó el mendocino.
El proyecto crea el Consejo Federal, que será el órgano de aplicación de la norma, cuya integración fue uno de los puntos objetados por las provincias.