Con un amplio apoyo de todos los bloques la iniciativa de la diputada justicialista Silvia Martínez (Buenos Aires) regresó al Senado, con modificaciones de forma, y que la convertirán en ley en la próxima sesión de la Cámara alta.

La norma establece que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporados de plano derecho al Programa Médico obligatorio. En ese marco, toda mujer, en relación con el embarazo, con trabajo de parto, en parto o postparto, deberá ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración y sus pautas culturales.

Esta ley avanza sobre la protección del paciente y se considera que debe ser tratada en el proceso de nacimiento de su hijo como protagonista de su propio parto.

En el parto natural, las entidades deberán ser respetuosas de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando así prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer.

A la vez, entre otros aspectos salientes se protege al recién nacido con los derechos de ser tratado en forma respetuosa y dignamente; a no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento manifiesto por escrito de sus representantes legales.

A que los padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como su plan de vacunación.