El mayoritario bloque justicialista de la Cámara de Diputados impuso su mayoría y logró que la Comisión de Presupuesto y Hacienda firmara el dictamen a favor de la ley federal de Responsabilidad Fiscal, que será llevada al recinto el próximo 4 de agosto.
La norma, que obtuvo media sanción del Senado la semana pasada, es reclamada por el gobierno de Néstor Kirchner a raíz de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El oficialismo no aceptó incorporar modificaciones planteadas por varios legisladores de la oposición que cuestionaron las restricciones que fija al endeudamiento, con el argumento de que la rigidez de la normativa pondría a los estados provinciales en incumplimiento en el mismo momento en que entrara en vigencia. En la oportunidad, el titular del bloque de diputados nacionales del PJ, José María Díaz Bancalari, destacó la necesidad de aprobar el dictamen sin modificaciones "para que no vuelva al Senado" y sostuvo que la intención del oficialismo es "sancionar la mejor ley posible".
A su turno, el titular del bloque de diputados de la UCR, Horacio Pernasetti, manifestó sus cuestionamientos al proyecto oficial y anticipó que rechazará en el recinto la iniciativa, al sostener que se trata de "una ley virtual que se limita sólo a enunciados teóricos".
En tanto, y en una enfática exposición, el diputado nacional de Emancipación y Justicia Claudio Lozano advirtió que la iniciativa "pone un cepo a la política macroeconómica y fiscal del país" y aseveró que se trata de "una profunda irresponsabilidad en materia de desarrollo económico".
También, el diputado de Soberanía Popular Mario Cafiero cuestionó la iniciativa y afirmó que la ley "está viciada de nulidad porque este congreso está siendo coaccionado para votar", a la vez que reveló que presentará una demanda de "inconstitucionalidad".
En tanto, el ex gobernador radical de Mendoza Roberto Iglesias señaló que antes de aprobarse esta ley, se debería "tratar una reforma tributaria, previsional y una nueva ley de Coparticipación Federal".
La norma, que será debatida en el recinto el próximo 4 de agosto según anticipó Díaz Bancalari, busca ordenar las finanzas de las provincias a partir de una serie de limitaciones en sus gastos y en su endeudamiento.
El proyecto establece que las provincias solo podrán endeudarse hasta un tope del 15% de sus gastos corrientes. Esto hará que al menos 14 provincias incumplan automáticamente la norma, que comenzará a regir a partir de Enero del 2005.
Además del cepo al endeudamiento, la ley contempla un limite al gasto público de las provincias, que estará atado al crecimiento del PBI nacional.
