Dos de los diez proyectos que giró el Gobierno al Senado como parte del Plan Integral de Seguridad y Justicia serán llevados al recinto a principios de agosto, ya que el resto todavía no tiene el visto bueno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el legislador radical Jorge Agúndez.
Los dos proyectos que cuentan con dictamen de la Comisión son una ley que tipifica penalmente el delito de "vaciamiento de empresas" y una norma que restringe la eximición de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial. Según adelantó el jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, los dos proyectos que ya cuentan con dictamen serán llevados al recinto a principios de agosto, aun vez que finalice el receso invernal que estableció el Parlamento.
La ley que restringe la eximición de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial modificará el artículo 319 del Código Procesal Penal, e incorporará varios requisitos para acceder al beneficio, como probar que no tiene intenciones de fugarse ni entorpecer el juicio.
El otro proyecto con luz verde tipifica penalmente el delito de "vaciamiento de empresas" al modificar el artículo 301 del Código Penal; con una pena de 1 a 6 años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores que sean parte de este tipo de maniobras, que puede llevar a 8 años para los casos de emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital.
En tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad todavía no giró al Congreso dos proyectos clave: uno que reduce la imputabilidad de los menores de edad y otro que crea una agencia federal -el FBI "criollo"- para combatir el crimen organizado. Las iniciativas "troncales" del plan que elaboró el Gobierno del presidente Néstor Kirchner para combatir la inseguridad están enviadas al Congreso pero todavía no tienen luz verde de la comisión.
