Es conocida la belicosidad de ciertos grupos piqueteros. Ni que hablar de los activistas de los vendedores ambulantes, partidos radicalizados de izquierda y travestis. Ese cóctel, dejado al libre albedrío con el que hoy cuentan los sectores violentos, dio como resultado el desmadre del último viernes que en última instancia no es más que un verdadero ataque a la mismísima democracia.

Lo lamentable es que pasadas varias horas del ataque persistente, en vivo y en directo, contra la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nadie se hubiera hecho cargo de la inactividad de las fuerzas policiales. Las cuales, en este caso, aguardaban una orden del poder judicial que tardíamente llegó después de cuatro horas de infierno. Cuando ya el Palacio Legislativo había sido arrasado en su parte externa. Así como sus alrededores.

Pero todo no pasaba por la decisión del Poder Judicial. Máxime teniendo en cuenta el antecedente de lo sucedido en la comisaría 24° de La Boca, cuando el subsecretario de Seguridad contradijo la orden de la jueza María Crotto de recuperar la seccional tomada. En este caso todos se quedaron esperando una orden del más alto nivel político respecto a qué hacer ante los violentos. Esa orden nunca llegó.

Ya había habido un antecedente cuando se produjeron incidentes en el interior de la Legislatura al aprobarse en general la modificación del Código. Pero en esa oportunidad se trató de un grupo reducido, aunque ciertamente bastante belicoso. Las cosas no pasaron a mayores y los legisladores alcanzaron a terminar de sesionar.

Pero hubo también otro antecedente. Desde estas mismas páginas Parlamentario había alertado sobre la inconveniencia de legislar bajo presión, al referirnos al tratamiento del proyecto de expropiación de dos empresas recuperadas. En esa oportunidad, hace apenas tres semanas, la Legislatura fue rodeada por grupos piqueteros que apoyaban la expropiación de sendas propiedades. Nadie querría estar en el pellejo de un legislador dispuesto a rechazar por convicción esas normas.

Luego de los incidentes, la Legislatura porteña tuvo que levantar la sesión donde se iba a tratar en particular el nuevo Código Contravencional. Sin duda alguna este hecho marca un antecedente lamentable para la vida democrática, ya que los actos vandálicos pudieron más que el debate y la discusión a fondo de las ideas. De un proyecto controvertido, pero cuyos cambios reclaman grandes sectores de los porteños que votaron en las últimas elecciones de 2003.

¿Nace una nueva forma de legislar? ¿El palo, la capucha y la gomera reemplazarán a la discusión, el debate, el voto? El disenso en sí.

Los legisladores pensaban sancionar la parte general del Código -integrada por 51 artículos- y luego avanzar con la parte especial, sin duda, la más conflictiva.

Grupos de organizaciones sociales y políticas que están en contra de las modificaciones al Código de Convivencia provocaron graves incidentes dentro y fuera de la Legislatura porteña. Algunos lograron ingresar al edificio pero fueron sacados luego de romper el auto del vicepresidente primero, Santiago de Estrada. Mientras tanto, el personal de la Legislatura permanecía con miedo en el segundo piso del edificio, ya que en la planta baja tiraban gases lacrimógenos. Hubo fuertes críticas a la inacción policial y quince heridos entre personal de guardia y empleados.

Algunos legisladores formularon fuertes cuestionamientos a De Estrada por “no haber previsto que esto pudiera pasar”. Por otra parte, los legisladores porteños Sandra Bergenfeld, Ricardo Busacca y Jorge Mercado presentaron una acción de amparo ante la Defensoría del Pueblo para que los represente contra las fuerzas policiales por no haber accionado en los incidentes que se produjeron en la Legislatura. La acción de amparo también alcanza al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.

Estos incidentes echaron por la borda momentáneamente el trabajo del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot (Compromiso para el Cambio); el presidente de Justicia, Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad); el presidente de Seguridad), Miguel Talento (vicepresidente segundo de la Legislatura) y Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), quienes se reunieron diariamente para limar los puntos más problemáticos del primer libro.

Sin embargo, muchos aseguran que el mérito también debía alcanzar a De Estrada y a la diputada Paula Bertol. Parece ser que los legisladores macristas aportaron su reconocida tranquilidad para que, en medio de acalorados intercambios de opiniones, la sangre no llegara al río. Lo cierto es que las diferencias pudieron subsanarse y se llegó a un consenso más acabado que el logrado para sancionar el proyecto en general.

El primer escollo que se tuvo que atravesar era definir si se bajaba o no la edad de imputabilidad de los menores. Pese a que el proyecto mayoritario establecía la baja de 18 a 16 años, por temor a un posible veto del jefe de Gobierno se desechó esta idea.

Finalmente se habría estipulado la edad de punibilidad en 18 años, con la condición -tal como señaló De Giovanni- de que se trate “a la brevedad un régimen integral sobre menores por que no se intenta simplemente sancionarlos, sino que la cuestión es ocuparse y preocuparse por ellos”.

También se habría decidido incorporar la figura de la reincidencia, con lo cual, el condenado por sentencia firme que cometa una nueva contravención que lesione el mismo bien jurídico, dentro de los dos años de dictada la anterior, será declarado reincidente y la nueva sanción que se le imponga se agravará un tercio.

Lo que se excluiría de la figura es que, a partir de la tercera reincidencia, el juez pudiera aplicar la sanción de arresto.

Con respecto a las sanciones accesorias, se acordaría incluir además de la clausura, inhabilitación, prohibición de concurrencia, publicación de sentencia; interdicción de cercanía y las instrucciones especiales, el comiso.

Las sanciones principales quedarían estipuladas en: multa, trabajos de utilidad pública y arresto. De esta manera se excluiría el apercibimiento, una sanción que no trajo demasiados resultados en la práctica.

Cabe aclarar que la sanción de arresto debe cumplirse en el Centro de Detención de Contraventores del Gobierno de la Ciudad o en establecimientos similares que se habiliten a tal efecto en el futuro. No pueden utilizarse a tal fin reparticiones policiales ni otras destinadas a la detención de personas procesadas o condenadas por delitos.

¿Qué sucederá finalmente con la modificación del Código? Seguramente la próxima sesión estará acompañada por grandes medidas de seguridad, vallados a dos cuadras de la Legislatura, como ya sucediera en un pasado reciente con el Congreso Nacional, cuando debían tratarse allí temas resistidos por ciertos sectores. Será la única manera de legislar, pero sin dudas se tratará de un nuevo retroceso, porque estamos hablando de nuestros representantes, quienes deberían discutir y analizar los temas que tanto interesan a la gente puertas abiertas.

Repudio

Los legisladores porteños Ariel Schifrin, Milciades Peña (bloque Confluencia), María Eugenia Estenssoro y Juan Manuel Velasco (ambos del bloque Plural), Fernando Melillo y Fenando Cantero (ARI), Laura Moresi y Sandra Dosch (Frente Grande) y Norberto La Porta y Roy Cortina (socialismo) expresaron su “condena y repudio a los incidentes que grupos aislados de vándalos y agresores profesionales y de dudoso origen que destruyeron parte de las instalaciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”.

Los legisladores remarcaron que “se trata de un ataque a la democracia y a la convivencia pacífica, llevado a cabo por representantes de la intolerancia sin eco alguno entre los vecinos de la ciudad. La inacción policial y el vandalismo antidemocrático instalados varias horas en los medios, son el caldo de cultivo para los que quieren instalar la arbitrariedad -no contra los que atacan las instituciones democráticas- sino contra los sectores desprotegidos o las minorías que se movilizan pacíficamente por sus reclamos”.

Dijeron también que “estas acciones violentas apuntan a debilitar la democracia, que por sí misma posee mecanismos y marcos legales normativos para encauzar la protesta”.

Por otra parte, los legisladores -que se oponen al proyecto del macrismo y proponen en su lugar la creación de la justicia vecinal- consideran que “quienes agredieron a la Legislatura son totalmente ajenos al lícito debate democrático en torno a los aspectos polémicos del Código de Convivencia”.