Diputados de diferentes bancadas avanzan en un acuerdo para reformar la ley de Iniciativa Popular de modo de establecer requisitos más flexibles para que los ciudadanos puedan promover un proyecto, dado que nunca se pudo aplicar ese mecanismo incorporado a la Constitución de 1994.
Los diputados buscan fijar nuevas condiciones para facilitar la aplicación de esta ley, cuyos ejes centrales serán reducir el porcentaje de firmas que se deben reunir para presentar un proyecto, establecer un plazo para reunir las mismas y crear una comisión asesora parlamentaria para poder cumplir las condiciones de la ley.
Desde la sanción de la ley reglamentaria de Iniciativa Popular en 1996, nunca se pudo sancionar un proyecto promovido por la ciudadanía, lo cual demuestra las dificultades para cumplir con los requisitos establecidos para aplicar ese sistema de democracia participativa. Ahora, los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales se encaminan a emitir un dictamen consensuado en la primera quincena de agosto, en base a las iniciativas presentadas por el justicialista Juan José Alvarez, del ARI Marcela Rodríguez y de la frepasista Nilda Garré.
De acuerdo con el predictamen que está diseñando una subcomisión de ese organismo, los ciudadanos deberán conseguir el respaldo de 250 mil firmas de seis distritos electorales, lo que implica bajar el porcentaje que se exigía en la ley del 1,5 al 1 por ciento del Padrón Electoral. Además, esta subcomisión conformada por Alvarez, Garré, Rodríguez, el justicialista Gerardo Conte Grand, el macrista Jorge Vanossi y el radical Mario Negri decidió poner un plazo para que se puedan juntar las firmas para presentar un proyecto de iniciativa popular, hasta ahora no estaba contemplado en la ley.
La propuesta del plazo fue formulada por Alvarez y si bien aún no se cerró el acuerdo sobre si será de diez meses como propone el peronista bonaerense o se estirará hasta dos años como prefieren Conte Grand y la arista Rodríguez, lo que está claro que si se establecerá un tiempo para juntar las firmas.
En cambio, los diputados que han redactado el predictamen coinciden en crear una oficina de atención y asesoramiento al ciudadano que promueva el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley y en que la comisión de Asuntos Constitucionales deba emitir una resolución previa a la recolección de firmas.