El titular del partido, Mauricio Macri, fundamentó esta decisión en que el tratamiento en particular de cada artículo del Código llevará mucho tiempo y en los graves incidentes ocurridos el pasado viernes en torno al edificio de la Legislatura. "Que los vecinos manifiesten cuál es su deseo: si quieren un nuevo Código o no", sostuvo Macri en conferencia de prensa junto al vicepresidente de la Legislatura, Santiago de Estrada, y a la legisladora Gabriela Michetti.

La consulta propuesta por el macrismo tiene cinco preguntas:

- ¿Está de acuerdo con que la ciudad cuente con una fuerza policial que no dependa de las autoridades nacionales?

- ¿Está de acuerdo con que la prostitución se ejerza en lugares cerrados y no en la vía pública, zonas residenciales, cercanías de escuelas, casas o templos religiosos?

- ¿Está de acuerdo con que se garantice el ejercicio del derecho a la protesta no violenta, garantizando la libertad de tránsito y de trabajo de todos los ciudadanos?

- ¿Está de acuerdo con que se ejerza la venta ambulante sólo si no se afecta a los comerciantes que están en regla y pagan sus impuestos?

- ¿Está de acuerdo en que personas que reinciden en cometer contravenciones tengan una sanción mayor?

Macri señaló que su partido quiere que esta consulta se realice antes de que se termine la discusión en particular del Código aprobado por la Legislatura. "En una sociedad tolerante y democrática esto (la consulta) no tendría que ser necesaria; pero estamos frente a una situación inesperada en la cual un grupo minúsculo y violento decide no dejar sesionar a la Legislatura y también lo impide la pasividad del gobierno de la Ciudad", manifestó.

Por su parte, De Estrada informó que mantuvo reuniones tendientes a solicitar garantías para la sesión del jueves porque "el viernes pasado no tuvimos garantías". El anuncio de la propuesta ocurrió en una conferencia de prensa convocada apenas un rato antes, y poco después de que otro grupo de legisladores de Compromiso, el identificado como Grupo Nogaró había anunciado su decisión de impulsar la postergación del tratamiento del Código, por entender que "podría ser considerado como una provocación". Hoy resuelven si el jueves vuelven a intentar tratar el tema.

Paralelamente, el macrismo aceptó retirar una de sus propuestas más duras, por lo que los menores de 16 años no serán imputables en Capital Federal, informaron voceros del cuerpo.

La eliminación de la baja en la edad de imputabilidad se logró por un acuerdo de última hora, por lo que las reformas al Código de Convivencia pueden ser votadas ahora sin uno de sus principales escollos.

La jefa del bloque Compromiso para el Cambio, Gabriela Michetti, detalló que su partido impulsa como única salvedad "un régimen especial de sanciones para los menores de 18 años, si se modifica la Ley de Minoridad a nivel nacional". En tanto que el legislador macrista Diego Santilli confirmó que hay "un principio de acuerdo para que la edad de imputabilidad de los menores quede en 18 años, sólo con alguna garantía si cambia el Régimen en la Ley Nacional".

El macrismo impulsa una reforma de 122 artículos del Código de Convivencia de la Capital Federal, votado originariamente en 1998 que apenas pudo aprobar en general con 31 sobre 60 votos, número que debe mantener en cada tema tratado. Si alguno de los artículos tratados no alcanza los 31 votos, toda la reforma vuelve a comisión, por lo que algunos legisladores macristas ya adelantaron la semana pasada: "no vamos a dejar caer el Código".

Quedan entonces dos puntos difíciles: la prohibición de la prostitución y la limitación de las marchas de protestas, sobre los que se buscan fórmulas de consenso. Santilli explicó que las prostitutas tendrán como limitación "estar a 300 metros de los colegios y no podrán estar frente a viviendas o templos, pero eso todavía se debate".

Sin embargo, Michetti precisó que si bien se avanza en ese sentido, se abrió "una posibilidad de que el Ejecutivo fije lugares para la prostitución" como virtuales "zonas rojas".

Respecto de las marchas, los macristas detallaron que aún no llegaban a un acuerdo sobre como deben dar aviso las organizaciones que deciden movilizarse para peticionar, pero plantearon la cuestión como "un problema menor".